La Instrucción de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre abusos sexuales, publicada el pasado 9 de mayo y presentada este jueves en Madrid, recoge la obligación de los obispos de colaborar con la Fiscalía ante los casos de abusos sexuales a menores.
Esta es una de las ideas clave del documento, que tiene vigencia para toda la Iglesia en España y que es el primero de este tipo a nivel mundial, según han indicado desde la CEE.
Así, el texto recopila en un único documento, el conjunto de la normativa canónica vigente, a veces dispersa, que regula la actuación eclesial, así como la comunicación de los hechos a las autoridades civiles, según han explicado.
En concreto, se aclaran los periodos de prescripción de delitos así como las modificaciones legislativas que se han producido en los últimos años.
Además, en la instrucción se insiste en la obligación de los obispos, sacerdotes y religiosos de colaborar con la justicia penal de cada Estado, incluida la denuncia y testificación durante el proceso; y la obligación de informar a la Fiscalía si, durante la investigación, se obtienen pruebas o indicios racionales de la comisión de un delito.
’’Si hay pruebas o indicios racionales de la comisión de alguno de los delitos tipificados en la legislación penal del Estado, el ordinario informará al ministerio fiscal, a los efectos oportunos, y manifestará su disposición para colaborar con las autoridades civiles pudiendo, incluso, personarse en la causa ante aquellos casos de mayor gravedad y evidencia’’, reza la instrucción, al tiempo que añade que esta información se realizará ’’inmediatamente’’ si hubiera ’’peligro para la víctima’’ cuando sea menor de edad.
En caso de que un obispo o superior de una congregación reciba información sobre un caso de abusos y no lo denuncie ante las autoridades cuando hay pruebas del mismo, incurriría en un caso de negligencia.
Desde la CEE también destacan que el documento ’’pone en el centro’’ la protección de los denunciantes, estableciendo cauces para comunicar a la víctima las actuaciones que se están llevando a cabo a lo largo del proceso. Asimismo, la instrucción prevé poner a disposición de la persona denunciante y sus familias acompañamiento espiritual, médico y psicológico si así lo desean.
Aunque en el documento no se habla de indemnizaciones a las víctimas, desde la CEE explican que esto se debe a que la instrucción ya se remite para ello al Código de Derecho Canónico que, desde 2021, recoge las sanciones penales por el delito de pederastia. Las penas van, según la gravedad del crimen, desde la privación del oficio hasta la expulsión del estado clerical.
Fuente: (EUROPA PRESS)
