Un total de 60 organizaciones de la sociedad civil (nacionales e internacionales), en una carta abierta dirigida a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, han expresado su ’’preocupación por las deficiencias’’ en la propuesta original del Reglamento de Inteligencia Artificial (Ley de IA) de la Unión Europea.
Por ello, estas organizaciones reclaman a la Presidencia española que ’’garantice una legislación robusta y respetuosa con los derechos fundamentales’’.
Las organizaciones impulsoras de la misiva son Algorace, Algorights, CECU, Lafede.cat, Civio, Observatorio TAS, Institut de Drets Humans de Catalunya y Éticas, que están liderando la respuesta social a las políticas de regulación e implementación de la Inteligencia Artificial.
Los firmantes expresan su preocupación acerca del Reglamento de IA y de su ’’impacto significativo’’ tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión Europea, señalando especialmente que los sistemas de IA, ’’al fomentar la vigilancia masiva y amplificar las desigualdades sociales y los desequilibrios de poder, pueden representar, si no existen garantías y controles de la sociedad civil, una amenaza grave para los derechos fundamentales y los procesos democráticos’’.
En la carta, destacan varias preocupaciones clave que, a juicio de los firmantes, deberían abordarse durante las negociaciones finales del Reglamento de IA, como ampliar el listado de sistemas de IA prohibidos que representan un ’’riesgo inaceptable’’ para los derechos fundamentales; eliminar la discrecionalidad en el proceso de clasificación de sistemas de alto riesgo; o establecer obligaciones significativas de rendición de cuentas y transparencia pública para los usos públicos y los implementadores de sistemas de IA de alto riesgo.
También reclaman garantizar derechos y mecanismos de reparación para las personas afectadas por los sistemas de IA; y asegurar que los estándares técnicos ’’no comprometan los derechos fundamentales y promover una mayor participación de la sociedad civil en su desarrollo’’.
Para trasladar el detalle de estas demandas, las organizaciones solicitan al Gobierno reuniones a alto nivel con representantes de diferentes ministerios y carteras y antes del inicio de la Presidencia española.
En estas reuniones solicitarán garantías para que ’’se refuercen y protejan adecuadamente los derechos fundamentales en el texto final del Reglamento de IA, así como la participación de la sociedad civil organizada en la definición de estándares’’.
Fuente: (EUROPA PRESS)