La Mesa del Parlament ha acordado llevar al pleno de este mismo jueves la petición de que los servicios jurídicos presenten recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo (TS) y medidas cautelares contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs.
Fuentes parlamentarias han explicado que la decisión se ha tomado en base a los precedentes del caso del exdiputado de la CUP Pau Juvillà y del expresidente de la Generalitat Quim Torra, que fueron inhabilitados y se les retiró el escaño por orden de la JEC.
La Mesa ha adoptado este acuerdo a propuesta de la vicepresidenta primera en funciones de presidenta, Alba Vergés: lo han apoyado ERC, Junts y la CUP, mientras que el PSC ha votado en contra.
Para introducir la votación del recurso al Supremo, se votará la modificación del orden del día en el pleno de este mismo jueves.
El pleno debatirá y se pronunciará sobre la propuesta después del debate final de la proposición de ley de Junts sobre la sequía, que está previsto que termine sobre las 20.15 de este jueves.
Junto a la decisión sobre Borràs, el Parlament ha recibido las credenciales de diputado del siguiente candidato en la lista de Junts, Antoni Castellà (Demòcrates), que no podrá ocupar el escaño hasta que se produzca la vacante.
PRECEDENTES En el caso de la inhabilitación del expresidente Quim Torra, el Parlament presentó un recurso ante el TS sin que pasase por el pleno, pero la JEC lo inadmitió por ese motivo y después tuvo que votarse en el pleno de la Cámara, mientras que con Juvillà se votó primero en el hemiciclo sobre la presentación de recurso y cautelares.
El objetivo del recurso y las cautelares es dejar sin efecto la notificación de la JEC y defender la soberanía parlamentaria, pero en los casos de Torra y Juvillà este organismo notificó de nuevo al Parlament dando un plazo para explicar cómo había aplicado su notificación.
La JEC considera que, conforme a la Ley Electoral y a la jurisprudencia del Supremo y del Tribunal Constitucional (TC), una condena de inhabilitación por un delito como la prevaricación, aunque no sea firme, resulta incompatible con la continuidad como diputada de Borràs.
Fuente: (EUROPA PRESS)
