FSIE, bajo el lema ’Mismo trabajo, mismos derechos’, ha reclamado, con motivo del Día Internacional del Trabajador que se celebra el 1 de mayo, a las administraciones públicas y a las patronales la ’’dignificación y avances profesionales para los trabajadores del sector de la enseñanza concertada y privada y el de la atención a personas con discapacidad’’.
Según las cifras del Ministerio de Educación, en España hay más de 215.000 profesionales en centros de enseñanza no universitaria, divididos en cerca de más de 9.200 centros concertados y privados, un 32% del total de centros (28.395). Para el ámbito de la enseñanza concertada, FSIE exige la equiparación salarial y de carga lectiva con los trabajadores de la enseñanza pública.
’’No puede ser que seamos profesionales de segunda categoría, cuando la ley estipula que ambos sistemas -público y concertado- pertenecen a la red pública’’, ha apuntado el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo.
En esta misma línea, el sindicato demanda ’’la inclusión del personal de administración y servicios y personal complementario en el pago delegado y una mayor facilidad en el acceso a la jubilación parcial de nuestros trabajadores’’.
Por otro lado, reclama la constitución de la comisión para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto, con la finalidad de valorar el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad.
FSIE considera que esto se debe a que ’’no se quiere financiar y garantizar la gratuidad real de la enseñanza concertada ni tampoco las mejoras para los profesionales’’.
Para los trabajadores de la enseñanza privada, pide a las organizaciones empresariales que mejoren sus condiciones laborales. En cuanto a los trabajadores de Educación Infantil, FSIE defiende que las administraciones financien la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 para todo tipo de centros.
’’Destinar todos los recursos a los centros públicos significa excluir y perjudicar a los centros concertados, sostenidos también con fondos públicos, y privados que, ante la pandemia, la insuficiente financiación y la baja natalidad, necesitan apoyo para su viabilidad y solvencia. Nos preocupa la viabilidad de estos centros y la posible pérdida de puestos de trabajo que, en este sector, son mayoritariamente femenino’’, destaca Jesús Pueyo.
En lo que respecta a los trabajadores de la atención a personas con discapacidad, solicita a las administraciones públicas ’’la concertación social con el sector y la continuidad de los centros de educación especial, que atienden a más de 39.000 estudiantes con necesidades específicas y en los que trabajan varios miles de profesionales’’.
Fuente: (EUROPA PRESS)
