El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha acusado al Clan del Golfo de instrumentalizar las protestas de los mineros para lograr mejores beneficios durante las conversaciones de paz con el Gobierno, en la medida en que al grupo armado no se le reconoce su estatus político y debería someterse a la Justicia.
’’Están buscando unas mejores prerrogativas en el marco de la paz total y ponen de fachada a los mineros para lograr sus objetivos’’, ha dicho Gaviria, quien ha reprochado a este y otros grupos armados de aprovecharse de la buena voluntad del Gobierno para abusar del alto el fuego bilateral.
’’Los mineros son las primeras víctimas porque copan su territorio, los instrumentalizan. La contaminación de esta protesta, que nunca fue pacífica, pero ahora es más violenta, es obvia’’, ha explicado Gaviria en Blu Radio.
’’Estos grupos ilegales están aprovechando la buena voluntad del Gobierno para mantener sus actividades criminales’’, ha denunciado Gaviria. En el caso de estas protestas, ha destacado que la respuesta del Clan del Golfo, que estaría pagando para que civiles cometan sabotajes, está motivada por las acciones ejecutivas contra la minería ilegal, una de sus fuentes importantes de financiación.
’’Hay personas pagadas y también mineros obligados’’, ha contado el gobernador de Antioquia, región que continúa en ’’parálisis total’’. En las últimas horas, se han registrado múltiples incendios en varios municipios de Bajo Cauca y Córdoba El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado directamente al Clan del Golfo de estar detrás de estos episodios violentos, entre ellos la destrucción de unas tuberías que suministraban agua potable al municipio de Tarazá.
’’El clan del golfo contra el pueblo humilde’’, denunció el mandatario a través de su perfil de Twitter. ’’Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego’’, dijo.
El Clan del Golfo es una de las estructuras criminales que había mostrado disposición por participar en los diálogos de paz del Gobierno de Petro tras iniciar la negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
No obstante, el estatus de organización narcoparamilitar delimitaría el marco de actuación en estas negociaciones. El Gobierno ya ha aclarado que este tipo de grupos, al carecer de trasfondo político, debe someterse a la Justicia.
Fuente: (EUROPA PRESS)
