Un informe del asesor de reestructuración de Celsa, Lexaudit, con arreglo al informe realizado por la consultora Grant Thornton, ha valorado la empresa en entre 1.800 millones y 2.800 millones de euros, según han explicado a Europa Press fuentes de los acreedores de la empresa.
Esta cifra está ’’muy por debajo’’ de los 6.000 millones de euros de valoración que ha apuntado la propiedad de la empresa, en manos de la familia Rubiralta, según ha avanzado ’Expansión’.
’’Dado que el valor ni siquiera cubre la deuda de la empresa, las acciones de Celsa carecen de valor y, por tanto, cualquier valor concedido al accionista supondría una pérdida directa e incremental para los acreedores de la empresa’’, han añadido las mismas fuentes.
Asimismo, han recordado que la propuesta de financiación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) exige que el 51% del accionariado de la empresa permanezca en manos de los actuales accionistas.
Según ellos, esto provocaría que ’’la disponibilidad de fondos públicos requeriría aumentar el patrimonio neto de unos particulares –la familia Rubiralta– a expensas de los demás accionistas de la empresa’’.
El Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), que depende de SEPI, aprobó a mediados de junio de 2022 la ayuda solicitada por Celsa por valor de 550 millones de euros, a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones.
Pese a este préstamo público, en septiembre el grupo de acreedores de Celsa que aglutinan aproximadamente el 90% de su deuda, presentó en los juzgados de Barcelona un plan de reestructuración para reducir la deuda de la compañía en 1.291 millones de euros, con lo cual se quedarían con el 100% del grupo, que acumula una deuda de unos 2.800 millones de euros.
El plan incluía transformar el préstamo convertible de 1.291 millones en acciones –mediante la capitalización de la deuda convertible y parte de la deuda jumbo–, y extender los vencimientos del resto de la deuda cinco años.
Los acreedores afirman estar comprometidos en mantener el centro de operaciones de la empresa en España y en asegurar el empleo de todo el grupo.
La siderúrgica catalana no se ha cerrado a la posibilidad de que los fondos acreedores tomen parte del capital para desbloquear la negociación de su deuda.
Celsa cerró 2021 con una facturación de 5.300 millones y un Ebitda alrededor de los 600 millones a nivel global, y cuenta con 4.500 trabajadores en España y cerca de 10.000 en toda Europa.
Para Celsa España, la crisis ocasionada por la pandemia generó caídas en sus mercados naturales del 25% en 2020, año que arrojó un resultado negativo de 364 millones de euros.
Fuente: (EUROPA PRESS)
