La coalición española de la Campaña Mundial por la Educación (CME) ja pedido al gobierno español que aumente su compromiso político e incremente la financiación para educación en emergencias con motivo de la celebración de la conferencia de donantes de Education Cannot Wait.
La cumbre, que tiene lugar entre el 16 y 17 de febrero en Ginebra, intenta servir a este fondo de las Naciones Unidas sobre educación en contextos de crisis para recaudar al menos 1.500 millones de dólares. La organización considera que las respuestas educativas en situaciones de emergencia y crisis prolongadas siguen estando gravemente infrafinanciadas, y las necesidades son cada vez mayores. Unos 222 millones de niños, niñas y adolescentes afectados por las crisis necesitan apoyo educativo urgente.
Actualmente hay 27 conflictos abiertos en el mundo y solo en 2022 se sucedieron 323 desastres naturales. Y, según Naciones Unidas, son ya 339 millones las personas que necesitan ayuda humanitaria en 2023, cifra que representa un aumento del 23% con respecto al año anterior y que se ha multiplicado por tres desde 2016 debido a la suma de múltiples emergencias correlacionadas.
Ante este contexto de crisis prolongadas y concatenadas, la coalición española de la CME, liderada por Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas y Plan International, afirma que la respuesta internacional ya no se puede limitar a las estructuras tradicionales, sino que deben darse de manera simultánea.
Eso significa que la asistencia humanitaria, los programas de cooperación al desarrollo y la consolidación de la paz se deben concebir de manera integral y coherente, dando así una respuesta sostenible a las personas antes, durante y después de una emergencia.
Asegurar una educación de calidad y accesible a todos los niños y niñas del planeta independientemente de sus circunstancias es uno de los grandes retos que plantean estas crisis. La coalición española de la CME considera que esta meta es difícil de cumplir, ya que el actual modelo humanitario es inadecuado para satisfacer realmente las necesidades educativas en escenarios de emergencia debido a que aún cuenta con un enfoque demasiado cortoplacista.
La coalición española también señala que las entidades que conforman la comunidad internacional deberían dar una respuesta a la altura de la importancia que tiene la educación como palanca para la consecución de otros derechos. Un esfuerzo añadido que, según la CME, en el caso de España debe ir más allá, siendo necesaria la consolidación de una senda de crecimiento que se ha venido produciendo en los últimos años. Por tanto, aunque reconocen este trabajo, instan al Ejecutivo a que convierta la educación en contextos de emergencia en uno de los principales ejes que rija la política exterior.
INCREMENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA EDUCATIVA La CME insiste en que la ayuda humanitaria educativa debe incrementarse hasta el 10% de la financiación humanitaria, incluyendo mayores inversiones plurianuales en las capacidades institucionales de los actores locales y nacionales para responder a las necesidades educativas de las niñas, niños y jóvenes vulnerables afectados por las crisis.
Para ello, entre otras peticiones, la CME solicita que España realice una aportación al fondo ECW en la conferencia de donantes que se está llevando a cabo estos días y ponga a la educación en el lugar prioritario que le corresponde y deje de ser un sector marginado en las respuestas», ha explicado, desde Ginebra, Paula San Pedro de Urquiza, miembro del equipo de incidencia de la Campaña.
Además de esta demanda, la CME reclama al gobierno que reconozca que la educación es un derecho urgente que no se puede obviar, especialmente en situaciones de crisis humanitarias. «Los niños rara vez tienen una segunda oportunidad en la educación. Si no hay fondos suficientes para que continúen con su escolarización y lo hagan con calidad, muy probablemente serán generaciones pérdidas» añade Paula San Pedro de Urquiza.
Finalmente, la coalición también insta al Gobierno Español a ser coherente con su política exterior feminista, lo que implica asegurar una educación a las niñas y adolescentes en contextos de emergencias para prevenir que tomen estrategias de supervivencia dañinas para ellas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, la trata y el trabajo forzado no remunerado.
Fuente: (EUROPA PRESS)
