Ciudadanos ha denunciado este lunes la excesiva utilización de la figura de los contratos menores adjudicados en ayuntamientos y ha reclamado en el Congreso limitar su uso para que la gestión pública sea «más transparente y justa».
Para ello, ha registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja en la que recuerda que la especialidad de los contratos menores es que su adjudicación no se realiza a través del complejo y burocrático procedimiento de licitación, sino de una manera más ágil e inmediata que persigue satisfacer necesidades puntuales.
Según explica el partido ‘naranja’, este procedimiento más sencillo ha dado lugar a que la Administración Local haya venido haciendo en muchas ocasiones un uso abusivo de este tipo de contratos. «Todo ello ha redundado en un deterioro de la transparencia, la publicidad, la igualdad de oportunidades, y la concurrencia competitiva», agrega.
Además, se hace eco del último Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, donde se pone de manifiesto que el número de contratos menores celebrados por los Ayuntamientos fiscalizados representa un altísimo porcentaje respecto del total de sus contrataciones, oscilando entre el 77.82 por ciento de Zaragoza y el 96,80 por ciento de Valencia, por ejemplo.
Asimismo, reconoce que en todos los ayuntamientos fiscalizados «se han detectado contratos menores a través de los cuales se ha adjudicado (…) la realización de prestaciones de naturaleza similar que podrían responder a un fin único, y cuya adjudicación, por otra parte, ha recaído, en ocasiones, en el mismo contratista».
A juicio del tribunal los motivos son principalmente dos: una defectuosa planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas y, en otras ocasiones, el eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación legalmente aplicables.
EN FAVOR DE LA VÍA ORDINARIA Por todo ello, Ciudadanos reclama en su iniciativa que todos los ayuntamientos, o al menos todos aquellos con población superior a 75.000 habitantes, lleven a cabo una «adecuada» planificación y programación de su gestión contractual que evite el fraccionamiento de los contratos menores, restringiendo la utilización de esta figura en favor de procedimientos ordinarios de preparación y adjudicación de contratos públicos, siguiendo las reiteradas recomendaciones al respecto emitidas por el Tribunal de Cuentas.
Además, quiere que todos los ayuntamientos de localidades de más de 75.000 habitantes establezcan en su normativa interna la obligatoriedad de promover la concurrencia en la adjudicación de los contratos menores, cualquiera que sea su importe, bien mediante la publicación de anuncios de licitación, bien solicitando directamente ofertas a un mínimo de tres empresas, salvo casos excepcionales, todo ello con el fin de reducir los riesgos que la contratación menor representa para los principios de publicidad y concurrencia.
PUBLICAR LOS CONTRATOS Los de Patricia Guasp también piden a los ayuntamientos publicar la información relativa a los contratos menores adjudicados, en un plazo máximo de quince días desde la finalización de cada trimestre, y ampliar dicha información a, al menos, el departamento gestor, el número de expediente, el objeto y tipo de contrato, el número de licitadores participantes, el importe adjudicado, la fecha de aprobación, el servicio prestado y la empresa prestataria.
Por último, piden estudiar la posibilidad de modificar el apartado 4 del artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el fin de que la publicación de la información relativa a los contratos menores deba realizarse mensualmente, al menos, en los ayuntamientos con población superior a 75.000 habitantes.
Fuente: (EUROPA PRESS)
