La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO ha advertido del «drama» que supone la «brecha digital» para los mayores españoles, que provoca una «exclusión financiera», por falta de habilidades y miedo al engaño, ante las estafas que circulan por Internet y redes.
Así aparece reflejado en el decimotercer Observatorio Social de las Personas Mayores 2022 para un envejecimiento activo, elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en colaboración con la Fundación 1º de mayo, y presentado este viernes 3 de febrero.
El documento aborda, a través de cinco capítulos, una serie de indicadores sobre la demografía y la calidad de vida; la accesibilidad digital; la dependencia; el ámbito sanitario y las pensiones.
En cuanto a la brecha digital, el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Juan Sepúlveda, ha avisado de que es un problema generalizado entre las personas mayores en España y ha pedido a las administraciones públicas que pongan en marcha programas de formación gratuitos.
«El cambio digital para los mayores es un auténtico problema para los mayores de más de 65 años, para nosotros supone un auténtico drama, esto se ha acelerado de una manera importante pero nosotros seguimos en la era del bolígrafo», ha manifestado Sepúlveda en rueda de prensa, al tiempo que se ha referido a la «psicosis» que hay por los «engaños» que proliferan por Internet.
En concreto, ha advertido de los problemas que se encuentran para acceder a la banca, para sacar dinero o para recibir una atención presencial, y ha señalado que esto «no se soluciona llegando a un acuerdo de buena voluntad» con los bancos sino dictándose, por parte del Gobierno, «unas normas claras de atención a los mayores».
El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha reconocido que se han mejorado «algo» los tiempos de prestación, la simplificación de algunos procesos digitales y la ampliación de horarios de atención directa en oficinas, pero lo considera «insuficiente» y se muestra «pesimista» sobre los acuerdos de buena voluntad.
Según los datos recogidos en el informe, un 73% de la población de 65 a 74 años de España ha utilizado Internet en los últimos tres meses. Si bien, el 60,2% de este grupo de edad cuenta con una habilidad digital baja y un 7,8% no cuenta con ninguna habilidad en este sentido.
UN 13% UTILIZA LA BANCA POR INTERNET Según ha precisado el director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo, Pedro J. Linares, entre las actividades más realizadas en Internet por las personas mayores destaca el uso de mensajería instantánea (26%), seguida de leer noticias, periódicos o revistas online (22%), telefonear o realizar videollamadas a través de Internet (22%), buscar información sobre temas de salud (17%) o recibir o enviar correos electrónicos (17%). Si bien, el informe puntualiza que «únicamente» un 13% utiliza banca por Internet.
Por ello, el informe aboga por «reforzar los servicios bancarios presenciales y que éstos sean considerados un servicio básico a prestar a las personas mayores o con discapacidad, con el objetivo de que esta brecha digital no se traslade en una exclusión financiera de estas personas».
En España, según ha precisado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, hay un 20% de población mayor de 65 años, un porcentaje que se prevé que aumente hasta un tercio de la población a mediados de siglo.
El informe pone de relieve que la esperanza de vida es cada vez más elevada aunque los problemas de salud aumentan con la edad por lo que CCOO pide aumentar el gasto público en sanidad y servicios sociales.
En concreto, sobre la atención a la dependencia, Bravo ha destacado que en esta legislación se ha recuperado «notablemente» la aportación del Estado, pero ha advertido de que todavía «más de dos tercios de la financiación corre a cargo de las comunidades autónomas».
En este sentido, ha pedido duplicar el esfuerzo y pasar de 0,8 puntos del PIB a 1,5 para poder acabar con las listas de espera de la dependencia. Además, desde CCOO han subrayado la necesidad de abordar una «reforma fiscal» aunque lamentan que parece que «se va a quedar en el cajón».
El informe también recoge las investigaciones recientes sobre el impacto de la mortalidad en las residencias de mayores durante la pandemia y apunta que el mayor número de fallecimientos se produjo en residencias de titularidad privada.
En concreto, de los datos reflejados se desprende que los centros públicos (tanto en términos de propiedad como de gestión) tuvieron una mortalidad estimada del 7,4%, frente a los centros de gestión pública con gestión externalizada, que alcanzó el 21,9%. Ante estos datos, desde CCOO han denunciado que las familias de los fallecidos en estos centros siguen esperando a que las fiscalías «actúen».
Fuente: (EUROPA PRESS)
