El director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, ha transmitido a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) –en el marco de la huelga indefinida que empezó el pasado 24 de enero– que son «una pieza esencial» del Poder Judicial y ha expresado su «confianza» en que las negociaciones con el Ministerio «puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio».
En una carta remitida a un miembro del comité de huelga de los LAJ, a la que ha tenido acceso Europa Press, López ha puesto en valor el trabajo de los letrados y ha hecho hincapié en que por ello «el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, sólo el pasado 2022, puso en marcha la reforma del complemento específico y dos programas para mejorar las retribuciones de los y las integrantes del cuerpo en materia de entradas y registros, y en materia de sustituciones».
Así se han pronunciado desde Moncloa ante la misiva que tres asociaciones de LAJ enviaron al presidente Pedro Sánchez para pedirle que adoptara las «medidas necesarias» para reconducir el conflicto que mantiene con el departamento que dirige Pilar Llop y evitar la huelga indefinida que comenzó el martes 24 de enero.
EL GOBIERNO TOMA «NOTA»
«Me dirijo a usted en respuesta al escrito que ha remitido al Presidente del Gobierno con fecha 16 de enero, junto al que le ha hecho llegar una comunicación del comité de huelga de los letrados y letradas de la Administración de Justicia solicitando su mediación para la resolución de dicho conflicto», ha señalado López al inicio del texto firmado el 30 de enero.
López ha agradecido la información que los LAJ le han trasladado y ha asegurado que tomarán «nota» en el Gabinete para «su oportuno análisis». «En todo caso, quisiera transmitirle nuestro deseo, así como nuestra confianza, en que las negociaciones puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio».
Al hilo, el director de gabinete de la Presidencia ha insistido en que en el Ejecutivo son «muy conscientes de la inestimable labor que realizan» los LAJ para «garantizar el buen funcionamiento del servicios público de Justicia».
LA CARTA DE LOS LAJ La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia firmaron la comunicación conjunta que se envió a Moncloa el pasado 16 de enero y apelaron a la «autoridad» de Sánchez ante la «gestión insensible e irresponsable» del Ministerio.
Las asociaciones reprocharon que hasta ese momento no se hubiese introducido una enmienda transaccional a la Ley de Eficiencia Organizativa para que «las retribuciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo». «Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico», le dijeron a Sánchez.
En el marco de la comunicación, la UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional de LAJ alertaron al presidente del Ejecutivo de la «gravedad» y de la «extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales», que puede generar la huelga indefinida que convocaron para el 24 de enero a raíz del conflicto laboral que mantienen con el Ministerio de Justicia.
Ayer miércoles, la huelga alcanzó el que ha sido su máximo registro de seguimiento. Las asociaciones convocantes aseguraron que un 84,6% habían participado en la séptima jornada de parón, mientras que desde el Ministerio de Justicia contabilizaron un 32,73% de participación.
Es el dato más alto que ambas partes han comunicado desde que empezó el parón. Hasta ayer, las asociaciones convocantes habían cifrado entre un 73% y un 81% de seguimiento. El departamento dirigido por Pilar Llop había registrado una participación de entre un 18,9% y un 28,23%.
En un comunicado emitido ayer miércoles, las tres asociaciones afirmaron que «la cuenta de consignaciones ha llegado estos días a los 5.000 millones de euros, cuando el saldo medio oscilaba en torno a los 4.500 millones de euros» y aseguraron que «ya se han suspendido más de 70.000 actuaciones judiciales a razón de 10.000 por día aproximadamente».
HUELGA «POLÍTICA»
El secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, aseguró ayer miércoles que la huelga de los LAJ es una medida «política» y que está «fuera de lugar». Incidió en que «cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido», puesto que el Ministerio «ha cumplido todos los acuerdos» alcanzados con la representación de estos trabajadores.
Al hilo, apuntó que los LAJ «cobra entre un 60 y un 83% de lo que cobra un juez o un fiscal», todo ello pese a que «nunca van a ser jueces y fiscales», dado que «han optado por una oposición que era de letrado de la Administración de Justicia».
El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un «insoportable desequilibrio».
Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de «posiciones maximalistas» porque, según dijio, impedían «buenos acuerdos».
Fuente: (EUROPA PRESS)
