El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha echado en cara este martes a Junts que, de dictar el Tribunal Supremo una nueva euroorden contra Carles Puigdemont esta sería por desobediencia y no sedición gracias a la reforma del Código Penal por la que el partido del expresidente del Gobierno catalán votó en contra.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena al sentenciar que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el procés reclamados para ser juzgados en España, entre ellos el propio Puigdemont, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España, ni puede poner en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir tales euroórdenes.
En rueda de prensa en el Congreso, Bel se ha referido esencialmente al exconseller Lluis Puig y no ha mencionado a Puigdemont, ya que la sentencia responde a las cuestiones prejudiciales remitidas por Llarena en marzo de 2021 después de que la Justicia belga rechazara entregar a Puig por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que de ser entregado en España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Bel ha querido poner énfasis en que si el Supremo quiere emitir una nueva euroorden «esta deberá ser esencialmente y exclusivamente por desobediencia, no por sedición, porque este delito ha sido derogado gracias a los que votamos a favor de la modificación del Código Penal».
MALVERSACIÓN TAMPOCO Asimismo, Bel ha destacado que, en el caso concreto de Puig, una euroorden por malversación «no se sustenta» porque la conselleria que encabezaba, Cultura, «no pagó ni un euro» en relación al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Por otro lado, la portavoz de la CUP en la Cámara Baja, Mireia Vehí, ha rehusado valorar el fallo del TJUE alegando que su formación aún está analizando la resolución y que son «textos complejos», aunque ha advertido de que «no todo es lo que parece» y «queda camino en la batalla europea».
Vehí también ha aludido al presunto caso de espionaje de un agente de la Policía Nacional infiltrado en movimientos sociales de Barcelona. Según ha publicado ‘La Directa’ este lunes, el 2 de junio de 2020 un agente de la Policía Nacional inició su presunta infiltración en la izquierda independentista bajo una identidad falsa y, a raíz de una investigación, han descubierto a otro presunto infiltrado que «se ganó la confianza de la gente» del distrito de Sant Andreu de Barcelona.
LA CUP QUIERE RESPONSABILIDADES La portavoz de la CUP ha censurado el presunto espionaje y se ha cuestionado si el «principal problema» de España es la «oposición democrática». Su partido ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Vehí ha adelantado que registrarán preguntas sobre el asunto al Gobierno. «Queremos responsabilidades y las queremos ya», ha avisado.
De forma paralela, ha advertido de que «no se puede pactar con quien les espía», y ha ejemplificado sus palabras con el rechazo de la CUP a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según ha dicho, apoyar al Gobierno en esta situación es «absurdo». En esta línea, ha aludido a que ERC negocia los Presupuestos de la Generalitat con el PSC y ha censurado que Unidas Podemos y En Comú Podem estén «indignados» pero «luego formen parte de ese Gobierno».
Fuente: (EUROPA PRESS)
