Izquierda Unida también ha puesto pegas al decreto ley anticrisis aprobado por el Gobierno el pasado 27 de diciembre que, entre otras cosas, exime de tener que someter a una evaluación ambiental los proyectos de instalaciones de energías renovables y, tal y como ha hecho Alianza Verde, partido integrado también en Unidas Podemos, ha solicitado que la norma se tramite como proyecto de ley en el Congreso para poder corregir este punto.
La eliminación de esa evaluación del impacto ambiental se ha incluido en el último decreto ley de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, un texto que el Pleno del Congreso prevé convalida0r la última semana de enero.
La portavoz federal de IU, Sira Rego, ha mostrado este viernes su rotundo rechazo a una medida que, a su juicio, «no aporta ningún beneficio» y que, según ha pronosticado, «va a ocasionar un rechazo aún mayor en los territorios donde se despliegan miles de proyectos, en ocasiones especulativos, sin el respaldo social necesario y sin tener el acuerdo de los municipios a los que afectan».
«Una cosa son las iniciativas para flexibilizar los trámites que cuenten con amplio respaldo y otra bien distinta que algunas administraciones, grupos o personas vean cómo se aprueban proyectos en sus territorios que les afectan muy directamente, en nombre del ‘interés general’, sin que puedan intervenir en ningún momento», ha indicado a través de un comunicado.
GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Rego ha reafirmado el compromiso de IU contra el cambio climático y en favor de las renovables, el ahorro y la eficiencia energética, pero ha avisado de que no se pueden afrontar los retrasos en la tramitación de estos proyectos «a costa de generar inseguridad respecto al impacto que estos pueden tener en los territorios donde se instalen».
Para IU, la evaluación ambiental «es una herramienta en ocasiones imperfecta, pero siempre imprescindible» y la implantación de las energías renovables «debe establecerse a partir de un planteamiento público, siguiendo criterios racionales, objetivos y transparentes» y con participación de los habitantes afectados en procesos «ajenos a las presiones e intereses empresariales» que, a su juicio, en muchas ocasiones aparecen «revestidos de falsos compromisos de sostenibilidad ambiental».
Críticas similares a este punto ha realizado Alianza Verde, el partido del diputado de Podemos Juan López de Uralde, que también ha solicitado que el decreto ley se tramite como proyecto para poder introducir correcciones en el Congreso.
Fuente: (EUROPA PRESS)
