La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) ha anunciado este lunes que ha presentado una denuncia ante el jefe de DDHH de la ONU, Volter Turk, por el denominado ‘Acuerdo por Chile’, pacto acordado por partidos políticos para llevar a cabo un nuevo proceso constituyente.
El presidente de la CChDH, Carlos Margotta, ha señalado que el acuerdo «vulnera gravemente los artículos 1 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
La denuncia considera que, «desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional».
Asimismo, Margotta ha criticado que «otro organismo designado habilite, fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador», según se lee en el comunicado de la CChDH.
«Todo ello convierte al Comité de Expertos junto al Comité Técnico de Admisibilidad en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder, violentando con ello gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario que lo detenta exclusivamente el pueblo de Chile», reza la misiva.
Los partidos políticos chilenos comunicaron a mediados de diciembre que habían llegado a un acuerdo sobre un nuevo proceso constituyente, meses después de negociaciones tras el rechazo de la población chilena en el referéndum celebrado el 4 de septiembre.
Según explicó entonces el Senado, a través de un comunicado, los firmantes concluyeron crear un órgano que redacte la propuesta formado por miembros electos popularmente y «expertos» designados por el Congreso.
El Consejo Constitucional estará integrado por 50 personas elegidas por votación popular directa, bajo sufragio universal y obligatorio, bajo principio de paridad. Este ente discutirá y aprobará la propuesta de texto y se disolverá tras completar la tarea indicada.
La Comisión Experta estará conformada por 24 personas académicas, elegidos la mitad por el Parlamento y la otra mitad por el Senado chileno. Este órgano redactará un anteproyecto que sirva de base para la redacción.
Además, habrá un Comité Técnico de Admisibilidad, de 14 juristas, elegidos por el Senado, que revisará las normas aprobadas con el objetivo de determinar la «eventual inadmisibilidad» de las medidas cuando sean contrarias a las bases institucionales.
Fuente: (EUROPA PRESS)
