El Congreso ha aprobado este jueves los proyectos de ley para la cesión definitiva de la gestión del impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos a seis comunidades autónomas –Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia–.
De hecho, Vox se ha quedado solo defendiendo su enmienda a la totalidad a la cesión de este impuesto, y el resto de grupos ha votado en contra de devolver estas normas al Gobierno. Así, los seis proyectos de ley para la cesión de este impuesto pasan ahora al Senado, que previsiblemente los ratificará definitivamente la semana que viene y quedarán aprobados antes de fin de año.
Vox argumentaba que la cesión plena de un tributo estatal a las administraciones regionales, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2023, «ahonda en las profundas ineficiencias y desigualdades existentes entre los españoles como consecuencia del Estado de las autonomías».
CRITICAN LOS ARGUMENTOS DE VOX Estos argumentos de la formación liderada por Santiago Abascal han sido desdeñados desde la tribuna del Congreso por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y por el resto de formaciones que han salido a hablar.
Alguno de estos diputados, como el de Ciudadanos Juan Ignacio López Bas, han criticado que Vox haya llevado al Pleno del Congreso esta iniciativa porque, según ha dicho, «es una excusa para defender la unidad de España».
En cualquier caso, grupos como el propio Ciudadanos, BNG o Unidas Podemos, entre otros, han aprovechado este debate sobre la cesión del impuesto a seis comunidades autónomas para urgir a reformar el sistema de financiación autonómica.
FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las comunidades autónomas acordaron el pasado mes de julio impulsar la cesión del impuesto sobre depósito de residuos en vertedero –que entra en vigor el 1 de enero de 2023– pero con la idea de que los territorios lo puedan ir asumiendo «con flexibilidad» y se haga a demanda de las propias regiones.
Según recordó entonces la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, algunas comunidades autónomas tenían impuestos en sus territorios muy parecidos al se pretende poner marcha en el conjunto del país. «Algunas tienen prisa por asumirlo porque tenían uno muy parecido en su territorio y otras han manifestado que no constituye una prioridad en este momento», explicó la ministra.
La norma que mandató al Gobierno el Congreso de los Diputados dicta que se haga posible que las comunidades asuman competencias de gestión y de carácter normativo en torno a este impuesto, que responde al afán de la Unión Europea por profundizar en las cuestiones que tienen que ver con la transición ecológica y la fiscalidad medioambiental.
