El Gobierno ha justificado la reciente expulsión de Mohamed Said Badaoui, el líder islámico de Tarragona que fue detenido por delitos relacionados con el radicalismo yihadista y que recibió el apoyo de grupos independentistas y de En Común-Podem en el Parlamento catalán al considerarlo un activista víctima de «islamofobia».
«Se está aplicando el artículo 54.1.a) infracciones muy graves de la Ley Orgánica 4/2000», dice el Ejecutivo en alusión a la normativa vigente en materia de Extranjería, y cita de forma textual: «Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público».
En este sentido, recuerda que en la presente legislatura las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo 135 detenciones por su presunta pertenencia o vinculación con el terrorismo yihadista, encontrándose entre los arrestados dos menores –un nacional español y otro un marroquí– con documentación legal en territorio nacional, según la respuesta por escrito fechada el 21 de noviembre consultada por Europa Press.
«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ámbito de las infracciones en material de extranjería y su régimen sancionador, se encargan de seguir procedimientos y plazos legalmente establecidos en la materia», prosigue el Gobierno, que recuerda que España está desde 2015 en alerta 4 antiterrorista y que en 2019 actualizó la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo.
Mohamed Said Badaoui, residente en Reus, fue arrestado el 18 de octubre e ingresó en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta que, un mes después, se ejecutó la orden de expulsión a Marruecos. Lo mismo ocurrió con Amarouch Azbi, otro destacado líder de la comunidad islámica.
ERC, CUP, Junts y Unidas Podemos-En Comú Podem denunciaron tras su detención que Mohamed Said era víctima de «represión política mediante la Ley de Extranjería». De ahí que, a través del Parlamento catalán, instaran a la Generalitat a «activar todas las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas para velar por sus derechos».
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó suspender la expulsión de Mohamed Said, al que la Policía perfila como «uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo», responsable del «aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso».
La Audiencia Nacional recordaba que la decisión del Ministerio del Interior se basaba en una denuncia de la Comisaría General de Información donde se avisa de «su radicalismo ideológico», mencionando específicamente el «adoctrinamiento» en su comunidad mediante la difusión de «postulados proyihadistas».
La Policía alertaba de que Mohamed Said tendría «vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo» y que se había dedicado «durante años» a las actividades de «proselitismo y reclutamiento».
Especialmente señalaba su intento de reclutar dentro de los «colectivos más vulnerables y manipulables, prestando especial atención a los menores, en concreto a los menores no acompañados principalmente de origen marroquí, adoctrinándoles en el salafismo más radical». También se habría dedicado a fomentar «el victimismo y la occidentalofobia».
