Los funcionarios de la Administración de Justicia de toda España están llamados a concentrarse este viernes frente a sus respectivas sedes judiciales para protestar contra la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) que, a juicio de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), «implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores».
La reunión, convocada por la propia CSIF, forma parte de un calendario de movilizaciones que continuará hasta que el Ministerio que dirige Pilar Llop «se siente a negociar la futura LEO y se comprometa a solucionar los problemas históricos que arrastra la Justicia española». Así las cosas, los empleados de Justicia están llamados a concentrarse este viernes a partir de las 11.00 horas y también el próximo 16 de diciembre.
El presidente del sector de Justicia de CSIF, Javier Jordán, denunció el miércoles en un comunicado que, tras el acuerdo salarial firmado con CCOO y UGT que agrava la pérdida de poder adquisitivo arrastrada desde 2010, el Ministerio de Justicia pretende poner en marcha la LEO sin tener en cuenta la posición de los trabajadores y, por tanto, vulnerando la negociación colectiva.
«LUCHA PARTIDISTA Y POLITIQUEO»
«Esta norma, actualmente en trámite parlamentario y que se aprobará en los próximos meses, supone que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas», señaló.
En este sentido, Jordán, subrayó que el Gobierno «está más interesado en la lucha partidista y el politiqueo en los órganos fundamentales de la Justicia cuando la prioridad sería dotarla de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano».
«Hay un déficit de 22.000 plazas, desde jueces a personal de auxilio judicial; hay equipos informáticos que no funcionan y desfasados, juzgados que se caen a pedazos y una plantilla totalmente sobrepasada que defiende sus condiciones laborales porque hay riesgo real de que empeoren», denunció Jordán, que lamentó que son los ciudadanos, «una vez más, quienes pagan las consecuencias soportando una justicia lenta y excesivamente burocrática».
Por último, Jordán calificó de «inaceptable» que los funcionarios/as de Justicia «tengan que ser los paganos del nuevo modelo organizativo que pretende imponer el Gobierno», al tiempo que recordó que los trabajadores y trabajadoras de la administración de Justicia «son quienes velan por un servicio esencial para el ciudadano».
