La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reaccionado este martes en el Senado a la propuesta de la Comisión Europea de fijar un tope de 275 euros el megavatio hora (MWh) en las compras de gas y ha asegurado que el Gobierno se opondrá a esta iniciativa dado que, en su opinión, para establecer ese límite «es mejor no hacer absolutamente nada».
«Esta misma tarde, mientras estábamos aquí (en el Senado), la comisaria (de energía europea) Kadri Simson ha anunciado que ese precio máximo al gas natural que queremos que nos proponga de forma regulada la Unión Europea (UE) debe estar alrededor de 275 euros el megavatio hora. Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad, nos parece que para esa referencia (de precio) es mejor no hacer absolutamente nada», ha valorado la ministra.
En concreto, la Comisión Europea ha propuesto este martes fijar un tope de 275 euros el megavatio hora (MWh) al precio de las compras de gas que se activará automáticamente ante excepcionales subidas de precios y que limitará, a un mes vista, las transacciones en el mercado regulado, si bien el mecanismo contará con un freno de emergencia para su suspensión en caso de que perturbe gravemente los mercados.
Este mecanismo de corrección del mercado establecerá el tope con un mes de antelación a los productos del mercado de futuros holandés TTF, que se utiliza como índice de referencia para el precio del gas en toda la UE.
El tope se activará si la base del precio neerlandés alcanza este precio máximo y solo si la subida de precios no se corresponde con un incremento similar en el mercado mundial, con el que se deberá dar también una diferencia de 58 euros o más respecto a la media global durante dos semanas, según ha confirmado Simson en rueda de prensa. No obstante, la medida no incluye a los mercados no regulados (OTC).
El objetivo de Bruselas es «lograr un efecto inmediato» en el mercado aunque el mecanismo lleva implícita la posibilidad de ser suspendido si provoca «graves perturbaciones». Además, el límite de precios se desactivará automáticamente si una revisión mensual muestra que ya no se dan las condiciones para su aplicación.
«Me parece que esa propuesta es manifiestamente rechazable por todos lados. Ni el modo en el que se ha presentado el diseño de esa medida, ni el precio tope, ni la aplicación de las dos condiciones simultaneamente nos parece que resuelva nada», ha valorado Ribera ante la prensa en los pasillos del Senado.
«Me parece que es una propuesta formal que no se ajusta a lo que le hemos pedido los estados miembros, así que calculo que (…) se va a encontrar una oposición firme de la mayoría de estados miembros. No creo que sea algo que pueda resolver en absoluto la situación actual, al contrario, da alas a mayor especulación y a mayor precio de ventas, así que batallaremos en contra», ha añadido la ministra.
RETRIBUCIÓN A LA COGENERACÓN En el Pleno del Senado Ribera ha contestado, entre otras, a preguntas de la senadora del PNV María Mercedes Garmendia sobre distintos aspectos de la política energética del Gobierno, como la retribución a la cogeneración o la reforma la tarifa eléctrica regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
Sobre ello, Ribera ha contestado que la reforma del PVPC «será clave», al igual que, a su juicio, lo han sido las del sistema de cogeneración realizadas «a propuesta de las asociaciones de cogeneración, que no han sido suficientes incluso aunque hayan sido ellos mismos» los que han planteado lo que el Gobierno ha hecho en esta materia.
«En estas últimas semanas hemos aprobado la retribución de las cogeneraciones para 2020, 2021 y, en los próximos días, lo haremos para el primer semestre de 2022 y la actualización de los parámetros que los desvinculan del precio de referencia ordinario, el mercado Henry Hub, con un precio actualizado de Mibgas (el mercado español organizado del gas)», ha añadido la ministra.
En esa línea, Ribera también ha destacado que las medidas aprobadas por el Ejecutivo han logrado que el precio de la electricidad en España esté «a la mitad, a un tercio o a una cuarta parte» que en el «resto de los países europeos industrializados de gran tamaño».
