La Fiscalía General de Perú ha mantenido una reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que ha defendido su denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y en la que ha abordado la situación democrática que enfrenta el país, todo ello tras la petición del mandatario de activar la Carta Democrática Interamericana.
Una misión de Alto Nivel de la OEA ha escuchado los puntos de vista sobre la situación política en el país de la fiscal general del Estado, Patricia Benavides, quien ha justificado su gestión al frente del Ministerio Público y la acusación constitucional presentada ante el Congreso contra el mandatario peruano, según ha informado el propio organismo en un comunicado.
La Fiscalía de Perú ha asegurado ante la delegación de la OEA que es «falso» que dicha denuncia constitucional contra Castillo esté motivada por asuntos políticos o que sea parte de una «estrategia de ruptura del orden democrático», tal y como ha denunciado en reiteradas ocasiones el presidente del país.
En este sentido, la fiscal general ha precisado que lo presentado el Parlamento contiene 190 «elementos de convicción sobre la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo», producto de una investigación preliminar autorizada por el Tribunal Supremo de Perú.
Según Benavides, la denuncia constitucional es «lo único que podía efectuar su despacho» a nivel procesal y constitucional, añadiendo que «era su obligación» presentarla después de haber recabado «indicios suficientes de la comisión de delitos», ha informado la propia Fiscalía General en una misiva.
Con todo, la Fiscalía ha sostenido que la separación e independencia de los poderes públicos «es un elemento esencial de la democracia representativa» que está reconocida en la Constitución de Perú, y en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
A mediados de octubre el Consejo Permanente de la OEA decidió enviar a Perú una delegación de alto nivel para realizar un análisis sobre la situación política en el país andino por petición del propio presidente Castillo.
El Ejecutivo peruano solicitó formalmente al organismo la activación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática con la que el ente puede brindar asistencia cuando «el Gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder»
