El Gobierno ha aprobado este martes, en Consejo de Ministros, una declaración institucional de cara al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, en la que muestra su «más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista», hace un «reconocimiento y homenaje» a todas las víctimas, a sus familias, a las que ya no están y a las supervivientes, así como al movimiento feminista.
«Mostramos nuestro más absoluto rechazo a todas las formas, reiteramos la determinación en conseguir una sociedad más igualitaria, libre de esta lacra», ha subrayado este martes la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En la declaración, promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Ejecutivo envía un mensaje de «reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia machista, a quienes ya no están, a sus familias, así como a las supervivientes».
En la declaración institucional, el Gobierno también insiste en la necesidad de «promover cambios en los modos de comportamiento socioculturales para eliminar cualquier práctica que perpetúe la opresión de las mujeres o refuerce los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan el ejercicio efectivo de derechos por parte de las mujeres».
«La erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser un objetivo básico e ineludible de las políticas públicas para cualquier gobierno que esté comprometido con la protección de los derechos humanos. Esta es una tarea en la que debemos caminar con todas las instituciones, con las organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento feminista, y en definitiva, con el conjunto de la sociedad», subraya el Ejecutivo en el texto.
Además, agradece «los esfuerzos de millones de mujeres que, desde hace décadas, desde las asambleas y entidades feministas, desde las instituciones», han contribuido a que España sea «una referencia en la lucha contra las violencias machistas».
CULTURA SEXUAL BASADA EN EL CONSENTIMIENTO Entre las políticas aprobadas para combatir las violencias machistas, el Gobierno destaca la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ‘Ley del solo sí es sí’ que «permite avanzar como país hacia una cultura sexual basada en el consentimiento y no en la violencia» y que incluye «la agresión sexual, el acoso sexual, la explotación de la prostitución ajena, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual, la trata con fines de explotación sexual y el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual».
La ley, según precisa el Gobierno, tiene por finalidad «adoptar y poner en práctica políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas Administraciones competentes, para garantizar la prevención y detección precoz de las violencias sexuales, la atención integral a todas las mujeres víctimas y asegurar su reparación».
Además, destaca que, con ella, se contribuye al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; «se cierra la brecha existente en la protección integral frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual», incluidas en Convenio de Estambul; y se da cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el primer informe de evaluación del Consejo de Europa.
Por otro lado, el Ejecutivo también pone de relieve que se ha mejorado el acceso de las mujeres a la justicia con la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, en el cual se establece que los profesionales de la Abogacía y de la Procura que presten servicio de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género no pueden contar con antecedentes penales por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual o la intimidad en el ámbito de la violencia sobre la mujer.
Entre otros «hitos», también destacan el esfuerzo desarrollado conjuntamente con las comunidades autónomas y ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para la consolidación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; el Acuerdo de Tenerife, relativo a la aprobación de un Marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres que se ha traducido hasta el momento en la elaboración de un Catálogo de Referencia de Políticas y Servicios en Materia de Violencia contra las Mujeres; o la Estrategia Estatal contra las violencias machistas 2022-2025.
En la declaración institucional, también destacan la política exterior feminista y, en concreto, la asistencia consular a las mujeres españolas víctimas de violencia en el extranjero que es, según precisan, «una de las prioridades» de las oficinas consulares en el mundo, disponiendo además, desde julio de 2022, de «un novedoso mecanismo de ayuda de protección y asistencia consular orientada a las víctimas de violencia contra la mujer en el exterior».
