El Gobierno ha convocado 84,8 millones de euros en ayudas para el Internet rural en zonas donde la conexión no alcance de los 50 megabits por segundo (Mbps) en sentido descendente, después de haber recibido la aprobación de la Comisión Europea.
La convocatoria, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), está financiada en su mayor parte por los fondos Next Generation y destinará 44,8 millones de euros a crear una plataforma de recursos de red que permita la prestación del servicio con una velocidad de 100 Mbps descendentes.
Asimismo, los 40 millones de euros restantes se destinarán directamente a la financiación de la instalación del servicio, el equipamiento y la puesta en funcionamiento del mismo para los usuarios. El precio máximo del servicio será de 35 euros y habrá subvenciones la adquisición de equipamiento hasta los 600 euros.
Las ayudas se repartirán en cuatro zonas y podrán concurrir operadores o grupos de empresas con un operador entre ellas, pudiendo adjudicarse una o varias de las zonas, para que estas hagan llegar las ayudas a la ciudadanía. Así, cada una de las oferta podrá optar a la cuarta parte de los fondos como máximo, algo más de 21 millones de euros.
De la dotación para la plataforma, el Gobierno espera transferir 23,7 millones de euros antes de que termine el año para la puesta en marcha de la plataforma y otros 21,1 millones de euros a entregar en 2023 para sufragar los gastos de la misma hasta 2025.
En cuanto a los usuarios finales, el Ejecutivo entregará hasta 15 millones de euros este año y 25 millones de euros para repartir ayudas entre 2023 y 2025.
En su exposición de motivos, el Gobierno señala que estas ayudas son «una solución temporal de último recurso» hasta que la cobertura en estas zonas se alcance con otras tecnologías gracias al programa de extensión de la banda ancha en el medio rural, que aspira a que el 100% del Gobierno tenga 100 Mbps de cobertura en 2025.
Entre los usuarios, podrán optar a la ayuda personas físicas, autónomos y trabajadores por cuenta propia, pymes, entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos con el fin de que puedan conectar servicios municipales como la casa consistorial, la biblioteca, centros de bombero o la policía nacional, entre otros.
La convocatoria no señala qué tecnología se debe utilizar para hacer estas conexiones, si bien la consulta pública hacía referencia a la conexión vía satélite o la tecnología terrestre inalámbrica.
Las empresas adjudicatarias deben comprometerse una continuidad del servicio del 95% en cualquier mes natural y su prestación hasta el 31 de diciembre de 2027. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 5 de diciembre.
Para la concesión de estas subvenciones se valorarán los compromisos de incrementar la velocidad de acceso a la banda ancha, la provisión de servicios adicionales, como la voz sobre IP, la creación de empleo en España y la contratación de pymes, micropymes, autónomos y ‘startups’ que generen empleo en el país o en la UE, entre otros, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
