La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha mostrado partidaria de que la bonificación de 20 céntimos de euro al combustible deje de ser generalizada en el caso de que se prorrogue más allá del 31 de diciembre y se concentre en los sectores y familias que más lo necesitan.
«La subvención de 20 céntimos por litro fue una decisión de emergencia de este verano, con precios muy elevados de los combustibles, en los que la reacción rápida requería que fuera una medida generalizada y de aplicación sencilla, pero cada vez es más importante concentrar el esfuerzo en quien más lo necesita, ya sea por razones profesionales, ya sea por nivel de rentas de las familias», ha señalado.
Ribera, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha recordado que el Gobierno está estudiando qué medidas de las que se adoptaron para paliar las consecuencias de la guerra deben prorrogarse «durante todo el año 2023, cuáles deben ser matizadas y cuáles deben ser reforzadas». Eso, ha precisado, obliga al Ejecutivo «a pensar hasta dónde y cómo» se seguirá utilizando la ayuda al combustible.
Ribera ha subrayado que el establecimiento de los abonos gratuitos al transporte es una medida «más inclusiva» que la bonificación a los carburantes, que se adoptó en un momento muy concreto. «Sabemos que antes del verano era imposible ser preciso y discriminar entre familias, pero en estos momentos hemos ido aprendiendo cómo concentrar el esfuerzo fiscal y presupuestario en aquellos ámbitos en los que es más eficaz y justo», ha defendido.
La vicepresidenta tercera ha insistido en que no se deben subvencionar los combustibles fósiles, ni establecer para ellos un tratamiento fiscal favorable, pues se trata de un principio fundamental para el impulso de la transformación del sistema energético.
No obstante, es consciente de que esto no puede producirse «de la noche a la mañana y con los precios disparados» y que debe ser asumible para las familias. «Se necesita una transición justa también con los consumidores», ha explicado.
«Para nosotros es muy importante el facilitar que toda la transformación del sistema energético sea asumible por las familias. La señal de precio es importante, pero no puede suponer una barrera infranqueable desde el punto de vista de la inclusión social», ha enfatizado.
NO PRORROGARÁ EL PLAZO PARA LOS PROYECTOS DE RENOVABLES Por otro lado, la vicepresidenta tercera ha insistido en que no se prorrogará más allá del 25 de enero el plazo para que los proyectos de energías renovables consigan los permisos administrativos.
«Yo asumo que las administraciones públicas serán responsables y resolverán en plazo los procedimientos y los informes que desde la Administración General del Estado estamos pidiendo», ha dicho la vicepresidenta, que ha pedido que «no se alimente la expectativa de que habrá más plazo porque no lo habrá».
Ribera ha afirmado que ya ha hablado con todas las comunidades autónomas para que, después de que ya se adoptara una prórroga en noviembre del año pasado, resuelvan estos expedientes antes de que concluya el plazo actual el próximo 25 de enero.
Ribera ha destacado la importancia de dar salida a estos expedientes ya que, a día de hoy, lo que existe es un «colapso y una paralización» de la capacidad de utilización de las infraestructuras de transporte «que no beneficia a nadie».
Por eso, ha pedido a las administraciones públicas que diferencien lo proyectos que son serios de los que no y que agilicen la resolución de los expedientes, pues los promotores «tienen derecho a una solución motivada de por qué es viable un proyecto o no lo es».
El sector eléctrico ha advertido de que, en caso de no flexibilizarse los hitos temporales establecidos por el Gobierno para mantener los permisos de acceso y conexión, podrían caducar y ejecutarse garantías de hasta 100 gigavatios (GW), debido al potencial incumplimiento de los plazos.
