El Gobierno ha iniciado los trámites para lanzar una consulta pública y conocer los intereses de las empresas de transporte en autobús con el fin de estudiar una liberalización en el sector y la entrada de la competencia en algunas líneas nacionales de autobús.
Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, durante su participación en un acto organizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el transporte en autobús en España.
Previamente, el regulador ha recomendado al Gobierno llevar a cabo una serie de medidas, entre las que se encuentra la liberalización de las rutas interurbanas con una longitud de trayecto superior a los 100 kilómetros.
Pardo de Vera ha recogido el guante y ha avanzado que el Gobierno ya tiene programado el lanzar una consulta dirigida a los interesados en participar en esa liberalización para conocer sus inquietudes y poder crear un nuevo modelo de explotación.
El objetivo, según ha recalcado la secretaria de Estado, es mejorar el transporte de los ciudadanos por el país, aunque ha concretado que habrá que analizar cada paso para tener una foto final sobre el mejor modelo a optar en cada circunstancia.
Una vez de abra el formulario, las empresas interesadas en formar parte de esta liberalización y poder operar rutas de autobús en concurrencia competitiva con otras empresas podrán mandar sus opiniones durante un mes, garantizando siempre la confidencialidad.
En la inauguración de la jornada, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha insistido en esa recomendación de abrir a la competencia las rutas más largas y, en el resto –que se explotan con un sistema concesional–, mejorar el modelo para que se liciten los contratos de forma frecuente.
Fernández ha señalado que el autobús es un sector «clave» para garantizar la cohesión territorial y abordar el reto demográfico así como el medioambiental, al contar con grandes beneficios sostenibles frente al vehículo privado.
Para abordar estos retos, la presidenta del regulador ha apuntado a la digitalización y al aprovechamiento de la intermodalidad con otros medios de transporte como el tren, sobre todo tras los desafíos que han supuesto la pandemia primero y la crisis energética después.
