Los ministros del Interior de Italia, Malta y Chipre junto al titular de Migración y Asilo en Atenas han remitido este sábado una carta conjunta a las autoridades europeas para demandar que se tomen las medidas necesarias para coordinar las acciones de rescate en el Mediterráneo.
Los cuatro señalan en el texto que como países de primera entrada a Europa, a través de la ruta del Mediterráneo central y oriental, «soportan la carga más pesada de estos flujos migratorios», mientras cumplen con las obligaciones internacionales y las normas de la Unión Europea.
Por ello, señalan la lentitud del mecanismo destinado a reubicar a los migrantes entre todos los estados miembro y denuncian que el escaso número de compromisos firmados en este sentido representan una «fracción muy pequeña» del número real de llegadas irregulares que han recibido desde comienzos de año, según ha recogido ‘La Repubblica’.
«Hasta la fecha el mecanismo ha demostrado ser lento en lograr su objetivo declarado de aliviar la carga a la que todos nosotros, como Estados miembros de primera línea, estamos constantemente expuestos, ya que hasta ahora solo se ha llevado a cabo un pequeño número de reubicaciones», sostienen en el escrito.
Los cuatro países mediterráneos han tachado esta situación de «lamentable y decepcionante» en un momento en el que sus territorios se enfrentan a cada vez «más presión migratoria» que está «poniendo a prueba» sus sistemas de asilo y acogida, tal y como denuncian.
Además, afirman que mientras se llega a un acuerdo sobre un nuevo mecanismo de distribución de carga «eficaz, justo y permanente», estos países no pueden representar los únicos «puntos de aterrizaje europeos para los inmigrantes ilegales».
Así, demandan a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que pongan en marcha de manera urgente un necesario debate sobre la coordinación de estas operaciones a través del que se asegure que «los buques privados respeten los convenios pertinentes y demás normativa aplicable y todos los estados del pabellón asuman sus responsabilidades de acuerdo a sus obligaciones internacionales.
En el texto también hacen referencia expresa a los buques de las ONG, tras lo que han señalado que «el ‘modus operandi’ de estas embarcaciones privadas no está en línea con el espíritu del marco legal internacional sobre operaciones de búsqueda y rescate, que debe ser respetado». Y han sostenido que cada Estado debe poder ejercer su jurisdicción y el control sobre las naves que lleguen a sus costas.
Esta carta se remite después de que se hayan producidos problemas diplomáticos entre Roma y París por el barco de la ONG SOS Méditerranée, el ‘Ocean Viking’, que finalmente se dirigió al puerto galo de Tolón, después de que el Gobierno de Georgia Meloni se negase a permitir su desembarco. Una decisión que provocó el anuncio de las autoridades francesas de que suspendían un plan para acoger 3.500 refugiados llegados a Italia.
