La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha considerado este sábado como «una excusa» del Gobierno andaluz la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional la creación del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas por estimar que es una invasión de competencias del Estado al contrarrestar la decisión de la Junta de Andalucía de bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio.
«La política fiscal del PP y de Moreno Bonilla son radicalmente distinta», ha sostenido la ministra, para concluir que el elemento común de esa estrategia tributaria es que «defienden a los ricos», que en el caso de Andalucía ha precisado que los beneficiarios de la supresión en la práctica del Impuesto sobre el Patrimonio se dirige «al 0,2% de la población», ha proseguido explicando Montero en declaraciones a los medios de comunicación en Chiclana de la Frontera (Cádiz) antes de participar en un acto de homenaje del PSOE a chiclaneros destacados».
La ministra de Hacienda ha considerado que la decisión de la Junta de Andalucía de «eliminar Patrimonio» supone que «ha hecho un regalo fiscal a los contribuyentes que tienen un patrimonio de media de tres millones y se les regala en torno a 8.000 euros al año», un descenso de recaudación que se traduce, a juicio de Montero, en que son recursos «que no van a sanidad, educación, dependencia, en definitiva, a la igualdad de oportunidades».
Montero ha defendido como política fiscal alternativa establecer de «forma temporal» un impuesto de Solidaridad para los contribuyentes con un patrimonio neto por encima de los tres millones de euros, así como a las empresas energéticas y los bancos para concluir que mientras el PP «defiende a los grandes intereses, a los bancos, a las energéticas, a los grandes capitales; nosotros, a la mayoría social, que le permita sortear el incremento de precios con motivo de la inflación».
