La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES ha avisado de que la derogación del delito de sedición que ha anunciado el Gobierno supondrá una «amnistía encubierta» si el nuevo delito de desórdenes públicos agravados por el que se va a sustituir no se aplica a los hechos sucedidos en Cataluña en 2017.
«Dependiendo de la configuración del nuevo tipo penal, se podría no aplicar a los hechos sucedidos en 2017 si estos no encajan con lo que recoja el nuevo precepto, por lo que quedarían impunes, al no serles de aplicación ni el nuevo precepto ni el antiguo (ya derogado). Podríamos estar, pues, ante una amnistía encubierta, al menos en lo que se refiere al delito de sedición», han trasladado en un análisis de la fundación.
Desde FAES, consideran que las consecuencias «más graves» de la eliminación de la sedición se producen con relación a los «numerosos dirigentes de ERC que están siendo aún enjuiciados en Cataluña por el ‘procés'», así como respecto a los responsables de la Generalitat y del Parlamento que «permanecen fugados en diversos países europeos».
«Los condenados por el ‘procés’ ya están indultados, por lo que el cambio de pena no les afectará de forma directa», apuntan desde la fundación presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, aunque aseguran que esto les beneficiará en su recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque «su argumento de que las penas impuestas por su sentencia de condena fueron desproporcionadas, ahora resulta avalada por el propio Parlamento español».
Por otra parte, FAES ha señalado que la euroorden emitida por España habría que rehacerla y «ese vaivén legislativo no favorecería en nada la credibilidad del sistema penal y judicial español ante las autoridades políticas y judiciales comunitarias».
Además, consideran que también podría quedar afectada por el cambio legal la imputación -condena para los ya juzgados- por el delito de malversación de caudales públicos. «Si se considera que es instrumental del delito de sedición, la desaparición de este podría conllevar también la del primero. Y sin ese delito, desaparecería la inhabilitación que impide a los separatistas catalanes ocupar cargos públicos y presentarse a las elecciones», han indicado.
Con todo, desde la fundación advierten que a partir de ahora será «mucho más difícil» convencer, por un lado, a los jueces de que asuman el «gran coste personal que les supuso ser el dique en la defensa de la legalidad constitucional» y, por otro lado, a los independentistas de que «no reiteren una conducta que ya saben que, más tarde o más temprano, se termina perdonando por una vía (indultos) u otra (reforma legal)».
Por ello, afean a Sánchez que esté pagando «demasiado precio» por seguir un año más en el poder y ha criticado que el Ejecutivo haya presentado esta propuesta a través de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos para eludir los informes preceptivos de órganos como el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado si lo hubieran hecho a través de un texto aprobado por el Consejo de Ministros.
