Los letrados del Congreso han remitido un escrito a la Comisión de Presupuestos en el que advierten de que algunos preceptos de la Ley de Presupuestos Generales de 2023, concretamente cinco disposiciones, «podrían entrar en contradicción» con la doctrina constitucional, al entender que el proyecto se extralimita en competencias que no deberían incluirse en materia presupuestaria.
Algunos de los preceptos a los que se refiere el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se refieren a modificaciones en la Ley General de Subvenciones, en materia de defensa y seguridad o en la Ley de Contratos del Sector Público, entre otros.
Con respecto a las subvenciones, el informe se refiere a aspectos relativos a las ayudas concedidas por las fundaciones del sector público. A juicio de los letrados, una sentencia del Tribunal Constitucional arroja una «fundada duda» sobre la adecuación de las modificaciones legales a la doctrina constitucional.
Por otra parte, el informe sostiene que en materia de defensa y seguridad se añaden modificaciones que ya se repiten también en la Ley de Contratos del Sector Público, de modo que a la misma resultará de aplicación esta última Ley.
FALTA DE RELACIÓN EN LA LEY DEL ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO En lo relativo la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Gobierno incluye modificaciones sobre aspectos como la negociación colectiva y la regulación de planes de igualdad de los que las administraciones públicas deben disponer.
Los letrados entienden que, de acuerdo a los criterios del Tribunal Constitucional, no se puede identificar la relación de las normas modificadas con los ingresos y gastos sin la cual no puede afirmarse que su contenido coincida con el que es constitucionalmente posible en el caso de la Ley de Presupuestos.
En materia de la Ley de Contratos del Sector Público, los letrados apuntan que la modificación relativa a la fiscalización por el órgano interventor de la entidad local, parece guardar una relación «más intensa» que el resto de las modificaciones descritas con los ingresos y gastos. Sin embargo, esa fiscalización se refiere a contratos de las entidades locales y, por tanto, afectaría, en su caso, a los presupuestos de dichas entidades y no al de los PGE, según remarcan los letrados.
En relación con el resto de las modificaciones dentro de esta ley, el informe sostiene que no se aprecia su relación directa con los ingresos y gastos, tal como exige el Tribunal Constitucional.
SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY Por otro lado, el documento de los letrados menciona que si bien en la casi totalidad de los presupuestos analizados desde 2005 hasta ahora las Leyes de Presupuestos Generales del Estado no contenían una disposición sobre su entrada en vigor, a comienzos de este año se suscitó una polémica sobre su aplicación, sustentada en que la ley no contenía expresamente una disposición sobre el inicio de su vigencia.
Es por ello que los letrados han sometido a la consideración de la ponencia la posibilidad de incluir en el proyecto de ley una disposición adicional nueva sobre la entrada en vigor de la Ley, similar a la que figuraba en la Ley de Presupuestos para 2021.
