La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha descartado sumarse al paro indefinido convocado por la llamada Plataforma en Defensa del Transporte, que el pasado mes de marzo ya llevó a cabo un primer paro nacional.
Se trata de la tercera gran asociación de empresas y autónomos que muestra su rechazo a esta convocatoria de paro, tras el ‘no’ mostrado por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y de UNO Logística.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), por su parte, celebrará una asamblea extraordinaria este miércoles, aunque previsiblemente tampoco secundará el paro, al considerar esta medida de presión «injustificada», según han manifestado fuentes de la organización a Europa Press.
Algo en lo que coinciden los argumentos de todas las patronales para rechazar la convocatoria es el momento económico en el que se da este nuevo paro nacional, además en plena campaña navideña de repartos, y tras las medidas que ya han consensuado con el Gobierno.
Por ejemplo, Astic asegura que España cuenta ya con una de las legislaciones de transporte más avanzadas de Europa, siendo el único país del mundo, junto a Portugal, que cuenta con una norma que prohíbe la carga y descarga por parte de los conductores profesionales.
También se ha hecho obligatoria la revisión del precio del transporte según el precio del combustible, sin posible pacto en contrario; o la reducción a un mes del plazo de liquidación del gasóleo profesional y de los tiempos de espera a la mitad. Asimismo, el transporte es el único sector en España con sanciones para los casos de morosidad.
«Por supuesto que aún quedan muchos otros temas por resolver en nuestro sector; para eso continuamos trabajando y negociando desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera con el Ministerio de Transportes», ha señalado el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia.
Por todo ello, tanto Astic como el resto de organizaciones, han exigido al Gobierno que, «a diferencia de lo ocurrido hace unos meses», ponga los medios necesarios para salvaguardar la seguridad de los conductores y la integridad de sus vehículos y de las cargas que transportan «frente a los actos violentos de intimidación y de destrucción».
