La Guardia Civil ha respondido al juez de la Audiencia Nacional (AN) Alejandro Abascal que el retraso en la elaboración del informe que le encargó el pasado 20 de junio sobre el atentado perpetrado por ETA el 30 de mayo de 2003 en la ciudad navarra de Sangüesa, que acabó con la vida de dos policías, se debe a la gran cantidad de documentación a analizar, si bien ha asegurado que intentará priorizar esta tarea.
«Para la elaboración del informe solicitado es necesaria la consulta y el análisis de numerosos expedientes, labor que se está realizando, pero que ha impedido por el momento una pronta atención a la referida petición judicial», expone la Benemérita en un oficio al que ha tenido acceso Europa Press.
Al mismo tiempo, el Instituto Armado aprovecha para trasladar al responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 que su petición «tratará de priorizarse todo lo posible con el fin de proceder a su pronta cumplimentación».
Abascal había solicitado tanto a la Guardia Civil como la Policía Nacional que le dieran cuenta del estado de los informes requeridos, atendiendo así a una petición realizada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que reclamó un «impulso procesal».
En su escrito, DyJ se mostraba consciente de «la gran carga de trabajo y el meritorio esfuerzo por parte» de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero llamaba la atención sobre el hecho de que por este crimen no hay ningún «condenado hasta la fecha», «ni como autor material ni como autor mediato».
«Entiende esta parte que nos encontramos aquí ante un caso particularmente sensible, en el que las dos víctimas mortales y sus familias han venido quedando en una situación particularmente grave de total impunidad sostenida durante ya 19 años», recalcaba.
En la misma línea, ponía de relieve que se trata de «dos de los asesinatos de los 379 casos totalmente impunes de ETA que han sido reconocidos por el Parlamento Europeo en su reciente resolución».
APUNTA A OCHO EX JEFES DE ETA El instructor admitió el pasado mes de abril la querella de Dignidad y Justicia contra los ocho integrantes del comité ejecutivo de ETA o zuba en el momento del atentado –María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Ramón Sagarzu, ‘Ramontxo’; Gorka Palacios; Garikoitz Aspiazu; Aitzol Iriondo; Félix Ignacio Esparza; y Juan Fernández Iradi– y contra Garikoitz Arruarte y Gorka Lorán como presuntos autores materiales.
El instructor subrayó que estos ex jefes de ETA buscaron durante su mandato «crear un estado de terror total», generar la sensación «de no saber por dónde iba a venir el siguiente ataque».
Abascal enfatizó que la secuencia de atentados que comenzó el 30 de mayo de 2003 con los hechos de Sangüesa «no fue sino el inicio de una ‘ofensiva’ terrorista, de un giro estratégico, netamente diferenciado de los meses o el año precedente, y que plagó la geografía española de artefactos» explosivos.
