La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha avalado la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que supondrá la puesta en marcha de un mecanismo de resolución de controversias entre las entidades financieras y sus clientes.
El organismo ha emitido un informe sobre el anteproyecto de ley de creación de esta autoridad administrativa a solicitud del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero estará dotada de autonomía e independencia y sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.
La CNMC considera que la articulación de mecanismos «ágiles, justos y eficaces» de resolución de controversias contribuye a que tanto los particulares como las empresas puedan reducir costes en el ejercicio de las actividades económicas o profesionales, al tiempo que mejora la eficiencia económica y la competitividad de las empresas.
Por todo ello, el organismo presidido por Cani Fernández ha valorado «de forma positiva» la iniciativa normativa recogida en el anteproyecto en términos generales, aunque ha hecho hincapié en unn aspecto susceptible de mejora, referido a la interacción de la nueva figura con la CNMC.
Dado que el anteproyecto de ley hace mención a conductas abusivas que podrían llegar a constituir también infracciones de competencia en algunos supuestos, la CNMC ha propuesto que la norma recoja la obligación de que la nueva autoridad ponga en su conocimiento cualquier hecho o conducta que conozca sobre la que existan indicios razonables de constituir ilícito administrativo desde la perspectiva de competencia.
La creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero es una de las reformas prioritarias del departamento que dirige Nadia Calviño, por lo que Economía espera que el texto pueda ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y ser remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria este mismo otoño.
