El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reactivado la comisión rogatoria emitida por Andorra para comunicar al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz su imputación en el procedimiento que se sigue en el Principado a raíz de la querella presentada por la ‘Operación Cataluña’.
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que los magistrados del TSJ madrileño han rechazado la petición de Fernández Díaz -tal y como hicieron con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy– de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria que libró Andorra.
Cabe recordar que la Justicia del Principado investiga a ambos excargos del Ejecutivo y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer «mediante vías ilegales» información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conocer «mediante vías ilegales» una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares.
El tribunal madrileño –al desestimar la solicitud de Fernández Díaz– ha acordado levantar la medida cautelarísima que habían adoptado la semana pasada para suspender de forma urgente la comisión rogatoria de Andorra. Así, tras esta decisión, el Principado recibirá la documentación requerida a España y tendrá luz verde para proceder contra el exministro.
NO VEN RAZONES PARA SUSPENDER LA COMISIÓN ROGATORIA Las fuentes consultadas por esta agencia han precisado que los magistrados han emitido una resolución «idéntica» a la dictada respecto a Rajoy al concluir que hay suficientes motivos para no acceder a la petición de suspender la comisión rogatoria de las autoridades andorranas.
El tribunal ya explicó al expresidente que el hecho de aceptar dicha comisión rogatoria no podía confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Los magistrados insistieron en que el auxilio judicial servía para notificarle que se había iniciado un procedimiento a raíz de una querella y para «garantizar una situación de igualdad» ante los tribunales.
El TSJ ha coincidido así con el criterio del Ministerio Público, que el pasado 26 de octubre mostró su oposición a paralizar el auxilio judicial reclamado por el Principado.
