El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha sostenido que la respuesta de la Junta Electoral Central (JEC) al Parlamento Europeo sobre el acta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es un «ejercicio de dignidad institucional».
Lo ha dicho este miércoles en un acto con la eurodiputada de Cs-Renew Eva Poptcheva, después de que la JEC haya informado a la Eurocámara de que a Puigdemont (Junts) y a los eurodiputados Clara Ponsatí, Toni Comín (Junts) y Jordi Solé (ERC) les falta acatar la Constitución en Madrid para conseguir sus credenciales y poder ocupar su escaño.
«La JEC ha hecho bien; aquí, el Tribunal Constitucional hace lo que tiene que hacer y el Tribunal Supremo hace lo que tiene que hacer. Nuestro Estado de Derecho funciona pero lo que no funciona es el Gobierno de España», ha afirmado.
Precisamente, Poptcheva ha explicado que cuando relevó oficialmente en septiembre al eurodiputado Luis Garicano, que dejó el escaño al jubilarse, fue a España a jurar la Constitución, y ha alertado de que la decisión de la JEC sobre los cuatro eurodiputados conlleva que «hay que suspenderles en sus derechos y prerrogativas».
Carrizosa ha criticado la «tibieza del Gobierno de España, que está silencioso y callado, en vez de apoyar» a la JEC y exigir el cumplimiento de las sentencias –por ejemplo, la que establece un 25% de castellano en la enseñanza, ha dicho–, y ha avisado de que eso puede condicionar la respuesta de la Eurocámara.
En ese sentido, ha celebrado que el Parlamento vaya a enviar misiones a las escuelas catalanas tras quejas de familias por la inmersión lingüística: «La UE no tiene una vocación de meterse en si se dan las clases en castellano o catalán, y menos si aquí en nuestro propio Estado no nos aclaramos. Pero lo que sí es algo importante en la UE es que rija el Estado de Derecho y, por lo tanto, se cumplan las sentencias».
EL INDEPENDENTISMO EN EUROPA Por su parte, Poptcheva ha sostenido que el independentismo tiene en Europa «un discurso victimista que ha calado muy bien» y que, a su juicio, no se contrarresta desde el Gobierno, al que ha acusado de lanzar mensajes que se contradicen con las decisiones de los jueces en asuntos como las euroórdenes y la reforma de la sedición.
También ha explicado que, durante las negociaciones sobre nuevos fondos, europeos el grupo socialista –a través de una ponente del PSOE– introdujo una enmienda que buscaba desligar los nuevos fondos de las reformas a las que los Estados se habían comprometido con los primeros paquetes de ayudas para la recuperación.
A su juicio, con esa enmienda el Gobierno puede estar buscando evitar abordar cambios en el sistema de las pensiones, tras la subida «electoralista» del 8,5% de las pensiones, pese a que la UE ha advertido de que hay que reformar el sistema para que sea viable.
Poptcheva también ha lamentado que la crisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España sirve a países como Polonia para excusar sus propios incumplimientos del Estado de Derecho: «Esto te debilita como España a la hora de negociar otras cosas. Me gustaría que la gente tome conciencia de que las cosas de Estado de Derecho tienen una clara repercusión sobre los temas económicos».
