El Consejo de Ministros ha dado luz verde este lunes a la aprobación del anteproyecto de Ley que exige requisitos de accesibilidad del 112, el comercio y los libros electrónicos y otros servicios a disposición del público, de la que se verán beneficiadas 4,38 millones de personas con discapacidad que residen en España.
Este anteproyecto de Ley, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recoge la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo por la que se establecen los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios.
Con esta directiva, alrededor de 80 millones de personas con discapacidad en Europa, de las que 4,38 millones residen en España, dispondrán de productos y servicios más accesibles, garantizando sus derechos como clientes, consumidores y usuarios, y permitiendo su libre circulación sin discriminación y con mayor autonomía dentro de la Unión Europea, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales.
En concreto, tendrá aplicación en productos informáticos como ordenadores y software, en máquinas de facturación o en los terminales de autoservicio interactivos que faciliten información, gestión de turno o los lectores electrónicos.
Asimismo, entre otros servicios, serán accesibles las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, los libros electrónicos y los servicios de comercio electrónico. Además, el teléfono de emergencia 112 será accesible en toda la Unión Europea.
Actualmente, las personas con discapacidad y, particularmente, las personas sordas, experimentan dificultades en el uso y acceso a los servicios de emergencia a través del 112. En este sentido, en ningún caso será necesario ya un registro o procedimiento previo para que las personas con discapacidad obtengan respuesta a las comunicaciones con el número único europeo de emergencia 112.
Por otro lado, Derechos Sociales está ultimando un Real Decreto Ley de accesibilidad que ampliará servicios y productos que actualmente no se encuentran recogidos en esta directiva, según informa el departamento que dirige Ione Belarra.
«Aprobando un real decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, este ministerio irá más allá de los compromisos europeos, lo que permite ser más garantistas y llegar más lejos de lo que plantea la propia Directiva», ha valorado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
En este sentido, ha subrayado la necesidad de «eliminar cualquier discriminación en las actividades cotidianas, como ir a un concierto, contactar con los servicios de atención a la ciudadanía o contratar una hipoteca, ya que es en este tipo de actividades donde verdaderamente se mide el grado de inclusión y de progreso de cualquier país».
