El Tribunal Supremo (TS) ha reclamado al Juzgado de Instrucción Número 1 de Écija (Sevilla) que decida, a la mayor brevedad, sobre la orden de protección que pidió la pareja del diputado del Grupo de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante Martín –que fue suspendido de militancia en Izquierda Unida (IU)– al denunciarlo por maltrato habitual.
El Alto Tribunal se ha pronunciado después de que el pasado viernes se diera a conocer que el juzgado andaluz había remitido el caso al Supremo, toda vez que Bustamante goza de la condición de aforado por su condición de diputado.
Este mismo lunes, el magistrado de la Sala de o Penal Javier Hernández ha emitido una providencia, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que –mientras el Supremo decide de quién es la competencia para estudiar la denuncia– el juzgado de Écija sigue siendo el responsable del asunto, por lo que la juez andaluza es quien debe resolver rápidamente sobre la orden de protección que reclamó la mujer.
«Ningún incidente competencial puede justificar una ausencia de respuesta jurisdiccional en tiempo oportuno sobre la procedencia o no de adoptar medidas de protección a favor de aquellas personas que aparecen como afirmadas víctimas de los hechos justiciables», ha señalado el magistrado.
Así, el Alto Tribunal ha remitido las actuaciones al juzgado de Écija para que se de respuesta a la orden de protección. Y, al margen, el magistrado ha aprovechado para enviar la documentación del caso a la Fiscalía, para que ésta se pronuncie y emita informe sobre a quién corresponde la competencia para estudiar la denuncia.
BUSTAMANTE NIEGA LAS ACUSACIONES Cabe recordar que el pasado viernes Izquierda Unida suspendió de militancia de forma inmediata al diputado en el Congreso Miguel Ángel Bustamante tras conocerse que había sido denunciado por su todavía mujer por un presunto delito de violencia de género y maltrato en el ámbito familiar.
El propio Bustamante se defendió ante la acusación de presuntos malos tratos a su mujer y negó «totalmente» haber cometido violencia de género, al asegurar que no ha «pegado un puñetazo en su vida». Asimismo, aseguró que había solicitado la suspensión de militancia en el PCE e IU para no dañar a sus respectivas organizaciones y ha lamentó haberse enterado «de la supuesta denuncia» por los medios de comunicación.
El diputado indicó que se encuentra en un proceso civil de divorcio y que consideraba que la denuncia interpuesta estaba relacionada con el procedimiento de separación. Dijo que se encontraba «en lo personal, muy afectado» y que confiaba en que se resolviera «pronto» y se hiciera «justicia».
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explicaron que el juzgado andaluz recibió la semana pasada un atestado de la Policía Nacional en el que se acompaña una denuncia contra el diputado por parte de su pareja por un presunto delito de malos tratos y otros.
Las mismas fuentes precisaron que una vez recibida la denuncia el juzgado incoó diligencias previas y dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la competencia para investigar los hechos. El Ministerio Público emitió un informe favorable a la inhibición al Tribunal Supremo, tras lo que la juez envió el caso al Alto Tribunal.
