La oposición laborista británica ha pedido al Gobierno que investigue la veracidad de un reportaje publicado este domingo por el semanario del ‘Daily Mail’ sobre un posible espionaje telefónico ruso a la ex primera ministra conservadora Liz Truss antes de llegar al cargo, del que presuntamente estaba al tanto el entonces mandatario Boris Johnson.
Según el semanario, el entonces primer ministro en funciones silenció a los medios el incidente con la complicidad de su jefe de Gabinete, Simon Case, cuando fueron informados del mismo el pasado verano, mientras Truss, entonces ministra de Exteriores, preparaba su campaña para liderar el partido Conservador tras la dimisión de Johnson.
De nuevo según el diario, supuestos espías rusos que actuaron por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvieron acceso a información delicada, como ciertas conversaciones con responsables ucranianos sobre el desarrollo de la guerra, así como críticas privadas contra Johnson formuladas por Truss y su elegido para la cartera de Finanzas, Kwasi Kwarteng, lo que dejaba la puerta abierta a un posible chantaje.
La ministra de oposición laborista de Interior, Yvette Cooper, ha manifestado que este reportaje del medio, que cita fuentes propias sin dar más detalles, «pone de relevancia cuestiones inmensamente importantes sobre la seguridad nacional del país tras este ataque de un estado hostil».
Cooper también exige explicaciones sobre «por qué y cómo se ha filtrado ahora» antes de pedir al gobierno del actual primer ministro, Rishi Sunak, que «reconozca la gravedad de la situación».
La portavoz de Exteriores del partido Liberal Demócrata, Layla Moran, también ha pedido una investigación al respecto no solo de la infiltración, sino del silencio informativo presuntamente ordenado por Johnson y su jefe de Gabinete, «porque como resulte que esta información fue retenida para proteger la campaña de Truss, nos encontramos ante una situación imperdonable».
Un portavoz del Gobierno británico se ha negado a hacer comentarios sobre «los dispositivos de seguridad de los oficiales» del país y se ha limitado a asegurar que el Ejecutivo «cuenta con sistemas de protección robustos para defenderse de las amenazas informáticas».
