En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el anuncio del PP de que suspendía las negociaciones con el Gobierno sobre la renovación del CGPJ por la polémica reforma del delito de sedición ha caído como un «jarro de agua fría» porque esta vez sí consideraban factible el acuerdo y, aunque ven difícil reencauzar la situación, apelan al «sentido de Estado» de ‘populares’ y socialistas para hacerlo posible.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press explican que la información que los vocales habían ido recibiendo estos días les hacía pensar que el acuerdo entre PP y PSOE para elegir a los 20 vocales –después de casi cuatro años– estaba cerca, tanto como para ver sellada su salida esta misma semana.
Sin embargo, admiten que en las últimas horas han pasado de la ilusión a la preocupación. El desencadenante han sido las declaraciones realizadas este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que ha asegurado a ERC, durante el debate presupuestario en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno llevaría a la Cámara Baja la reforma de la sedición para ajustar este delito a los estándares europeos.
La sucesión de acontecimientos –con declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez incluidas– hasta que PP y PSOE han lanzado sendos comunicados ya en horario nocturno no ha hecho más que disparar su preocupación, indican las citadas fuentes. Por eso, apuntan que más que sorprendidos están decepcionados. Ha caído «como un jarro de agua fría», ilustran.
Desde el CGPJ se resisten a dar por finiquitado este nuevo episodio de acercamientos entre Génova y Ferraz para renovar pero al mismo tiempo asumen que será «difícil» resucitar las negociaciones.
Así las cosas, las fuentes confían en que «impere el sentido de Estado» tanto en el PP como en el PSOE, de modo que vuelvan a la mesa de negociaciones y desbloqueen una situación que tachan ya de insostenible.
EL ACICATE DE LESMES Cabe recordar que ‘populares’ y socialistas retomaron las conversaciones sobre el CGPJ después de que Carlos Lesmes dimitiera el 9 de octubre como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo (TS) ante la falta de avances tangibles hacia el acuerdo, tal y como prometió durante la apertura del año judicial, el 7 de septiembre.
Lesmes dijo entonces que, «aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es, pues llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional».
A pesar de este último revés, en el órgano de gobierno de los jueces consideran prematuro valorar medidas drásticas. Algunos vocales recalcan directamente su compromiso de continuar en el cargo hasta que llegue la renovación.
CASI CUATRO AÑOS ESPERANDO En estos casi cuatro años que han transcurrido desde el 4 de diciembre de 2018, cuando venció el mandato del actual Consejo, ha habido varias tentativas frustradas.
El 12 de noviembre de ese año se anunció un acuerdo que saltó por los aires días después por el ya famoso mensaje enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los 146 senadores ‘populares’ del momento.
Desde entonces se han producido numerosos acercamientos, algunos dirigidos a la búsqueda de candidatos de consenso que se fueron descartando a sí mismos. Aunque ahora parecía haber verdadera voluntad negociadora, subrayan las fuentes consultadas por esta agencia de noticias, el Gobierno temía que cualquier imprevisto hiciera naufragar el acuerdo retrasándolo hasta después de las siguientes elecciones generales.
