La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha revocado la prórroga de las pesquisas del caso ‘La Rueda de las Televisiones’ relativa a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y ha declarado el final de la instrucción, en contra del criterio del juez Ismael Moreno, que había ampliado la investigación hasta 2023.
Esta trama se destapó con un operativo policial en 2017 para desarticular un sistema por el que varios socios de la SGAE habrían defraudado entre 2006 y 2011 alrededor de 100 millones de euros con el registro fraudulento de obras musicales, tras las denuncias de distintas asociaciones y de socios individuales de la SGAE.
Se investiga el registro de supuestas modificaciones de obras originales libres, así como de derechos de autor y obras puestas a nombre de terceros –en algunos casos ni siquiera eran músicos–, para emitirlas como hilo musical en programas nocturnos de televisión y facturar por ello.
La Sala de lo Penal, en varios autos a los que ha tenido acceso Europa Press, estima los recursos de las televisiones públicas autonómicas de Andalucía y Extremadura, dando «por finalizada la instrucción de la presente causa». Aun así, precisa que «nada impediría» practicar las diligencias que hayan quedado pendientes.
En julio de este año, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, acordó ampliar seis meses más –hasta finales de enero de 2023– el plazo para la conclusión de las pesquisas.
CATORCE CADENAS INVESTIGADAS Según las recurrentes, «no se ha practicado diligencia alguna que justificaría la prórroga ahora acordada, ni las anteriores».
Moreno justificó la prórroga en que estaba pendiente el examen de documentación y la práctica de una serie de diligencias. Ahora, la Sala de lo Penal corrige al juez y señala que esas diligencias que no se habían completado «son las mismas» que en la anterior ampliación de las pesquisas, decretada en enero de este año.
En el auto, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal explican que las resoluciones recurridas por esas televisiones autonómicas, que están entre las 14 investigadas, «no exponen» las concretas diligencias que «es necesario practicar y su relevancia para la investigación en los términos exigidos» por la ley.
Así, dicen que el instructor que «se limita a mencionar una hipotéticas diligencias cuya practica podrían ser o no necesarias, a tenor del análisis de la documentación remitida, así como otras al parecer ya interesadas con anterioridad, lo que no puede servir para colmar las exigencias legales que dicho precepto impone, posibilitando así una instrucción ‘sine die’ que comenzó hace más de seis años».
