El Gobierno gallego ha aprobado este jueves interponer un recurso contencioso-administrativo contra la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica a transferir fondos para habilitar ayudas contra los daños del lobo, ya que Galicia votó en contra de incluirlo en el Listado de especies de especial protección (Lespre).
Así lo ha informado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha afeado que esta decisión se adoptó de manera «unilateral» y «sin ningún argumento legal». «Los efectos (en la agricultura y la ganadería) se producen de un modo muy directo y Galicia no se puede quedar fuera de estos fondos», ha aseverado.
Según sus cifras, son 4,3 millones de euros –2,4 para medidas preventivas y casi 2 millones para los daños causados– que debería recibir la Administración autonómica para 2022 y 2023 aunque «no esté de acuerdo» con la decisión adoptada en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
De hecho, ocurre lo mismo con Cantabria y Castilla y León, las otras dos comunidades junto con las que Galicia suman «el 93 por ciento» de los ejemplares de lobo en España. «No se entiende que, aunque se vote en contra, nos quedemos fuera, ya que los efectos y perjuicios siguen produciéndose y fueron ‘in crescendo'», ha argumentado Rueda.
En cualquier caso, ha garantizado que la Xunta sí incluirá partidas por 2,5 millones en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio, para que los ganaderos puedan instalar sistemas de protección –entre ellos, vallas y perros protectores– y solicitar indemnizaciones en caso de que sufran pérdidas.
Este montante implica «triplicar» en 2023 el «esfuerzo presupuestario». Y es que, frente a los 600.000 euros movilizados en este 2022, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda reservará otros 1,9 millones para financiar otras tres órdenes que reduzcan el impacto del lobo.
