El exlíder de Ciudadanos en Andalucía Juan Marín solicitó su baja como afiliado al partido ‘naranja’ el lunes 17, el día que se conoció que aceptaba la Presidencia del Consejo Económico y Social de Andalucía a propuesta del presidente andaluz, Juanma Moreno.
Según explican fuentes de Ciudadanos a Europa Press, Marín pidió su baja voluntaria y aún está pendiente de ejecución. El secretario de Organización, Carlos Pérez-Nievas, se comunicó con el también exvicepresidente andaluz ese mismo día y le trasladó que la mejor opción era darse de baja del partido para poder ejercer sus nuevas funciones con libertad y neutralidad, habida cuenta del cargo que ostenta.
Asimismo, se le pidió considerar que el nombramiento puede colisionar con las políticas de regeneración democrática que defiende Ciudadanos.
El nombramiento de Marín, en sustitución del socialista Ángel Gallego, supondrá su vuelta a la política andaluza tras dejar la primera línea al abandonar el liderazgo regional de Ciudadanos la misma noche de las elecciones del 19 de junio, que dejaron a la formación ‘naranja’ fuera del Parlamento tras ser socio de gobierno del PP en la anterior legislatura.
Marín aseguró en ese momento que informó a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de la oferta. El día que se conoció el nombramiento, Ciudadanos restó importancia a su fichaje, aclarando que Marín no forma parte del Gobierno autonómico y que su cargo es «muy institucional». Más tarde, la líder ‘naranja’ aseguró que el nombramiento sorprendió y «dolió» a los militantes.
LA SITUACIÓN EN ANDALUCÍA La situación de Ciudadanos, en pleno proceso de refundación tras las sucesivas debacles electorales, es complicada en Andalucía. A la paulatina incorporación de excargos de Ciudadanos, como Marín o la expresidenta del Parlamento andaluz Marta Bosquet, al PP se ha sumado que los ‘populares’ andaluces disponen del censo de afiliados a la formación, lo que se ha interpretado como un paso más en el proceso de absorción en esta comunidad autónoma.
Ciudadanos estudia la adopción de medidas legales porque la filtración de los nombres atenta contra la protección de datos o puede ser constitutivo del delito de revelación de secretos, entre otros.
