El Pleno del Congreso examinará este jueves el decreto ley que rebaja entre octubre y diciembre el tipo del IVA aplicado en el recibo del gas natural del 21% al 5%, una medida que el Gobierno no descarta ampliar al próximo año.
La aplicación de la medida durante estos próximos tres meses aportará un ahorro total de 190 millones de euros, según estima el Gobierno, y se aplicará a todos los suministros, incluido el destinado a calderas de comunidades de vecinos. La reducción también se aplicará a pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción.
El decreto ley, aprobado por el Gobierno el pasado 20 de septiembre, se debatirá y votará al concluir el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023. Como cada decreto ley, debe someterse a votación en el Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación o, en caso de no contar con apoyos suficientes, ser derogado.
COGENERACIÓN E INTERRUMPIBILIDAD La norma también permite a las plantas de cogeneración de la industria renunciar temporalmente a su retribución regulada para entrar en el ámbito de aplicación del mecanismo ibérico, percibiendo así el ajuste que cobran las centrales térmicas de gas.
Otra medida contenida es el nuevo servicio de respuesta activa de la demanda, que aumentará la flexibilidad y la seguridad del sistema eléctrico, recuperando así un mecanismo de interrumpibilidad ante situaciones de desvíos importantes entre la generación y el consumo. El servicio, gestionado por Red Eléctrica, podrá ser prestado por la demanda a cambio de ingresos económicos otorgados mediante subastas de periodicidad anual, tal y como sucedía con el antiguo sistema de interrumpibilidad.
MEDIDAS PARA LA GENERACIÓN RENOVABLE Igualmente, el decreto incluye otras medidas que facilitarán el crecimiento de la generación renovable, con nuevos criterios más flexibles para determinar la capacidad de las redes de transporte, que podrá variar en cuestión de meses, días y horas, respetando siempre los límites térmicos de la instalación.
También se agilizan y simplifican trámites administrativos para los proyectos de generación, como los relativos a la identificación de las empresas legal, económica y técnicamente capaces, o las consultas entre distintas administraciones públicas.
