Financiar la educación infantil de calidad, universal y gratuita para los menores de tres años «es factible gracias a las sinergias con las políticas de género».
Así lo refleja el estudio de investigación llevado a cabo por la profesora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED, Cristina Castellanos, y la economista Ana Carolina Perondi, que retoman el análisis económico y el impacto social que supondría una reforma del sistema de educación de 0 a 3 años en España, presentando diferentes presupuestos asumibles, «especialmente si se aprovechan las sinergias con las políticas de género».
El estudio recuerda que la entrada en vigor plenamente de las medidas para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que equipara el permiso de paternidad al de maternidad por nacimiento y cuidado del menor, «ha demostrado que el 75% de los padres utilizan el permiso de forma simultánea, situando el cuidado del bebé fuera del hogar a partir del cuarto mes, siendo entonces su entrada en la formación de Educación Infantil».
Esta legislación actualmente se sigue revisando para modificar aquellas trabas actuales que dificultan la no simultaneidad de los permisos que, «de ser efectivos y eficaces, supondría que los permisos por nacimiento serían cubiertos durante ocho meses por cuidado en el hogar, iniciando su etapa en educación infantil con 8 meses».
En términos generales, la investigación asegura que si se mantuvieran la calidad del sistema y el diseño del permiso por nacimiento actual, universalizar la educación de 0 a 3 años «podría costar entre 2.221 y 2.361 millones de euros a precios corrientes, para incrementar unas 399.000 plazas respecto a la estimación del curso 2020/2021».
En este punto, revela que si se modificara el permiso por nacimiento para garantizar un uso consecutivo de forma mayoritaria, «se podría ahorrar un coste de entre 622 y 662 millones de euros, una reducción de un 28 por ciento del coste de universalizar la educación infantil».
Con los más de 600 millones que actualmente están financiando permisos de nacimiento simultáneos, se podrían mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla en un sistema universal de 0 a 3 como el actual, esta mejora de la calidad del sistema propiciada por mayores salarios, según el estudio, «reduce la rotación y se atrae a mejores profesionales con estudios universitarios pedagógicos».
Si se plantea un sistema de mayor calidad y con horarios más flexibles, el incremento del coste ascendería hasta los 3.207 millones de euros. Este aumento del coste por establecer un primer ciclo de Educación Infantil de alta calidad «podría reducirse casi 900 millones de euros si se modificaran los permisos por nacimiento para cubrir ocho meses de cuidado». Igualmente, se podría rebajar el coste entre 700 y 800 millones de euros «si se produjera una reducción general de la jornada a 35 horas semanales».
Es decir, el estudio concluye que con políticas que establecieran jornadas laborales de 35 horas y permisos por nacimiento que se puedan usar mayoritariamente de forma consecutiva, «se podría universalizar el primer ciclo de educación infantil con una calidad muy alta por 2.051 millones de euros, una reducción considerable del coste del que se parte con la situación actual».
BENEFICIOS DE UNIVERSALIZAR EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL La investigación apunta que los beneficios totales, provenientes del incremento de los ingresos generados por la creación de empleo directo (personal de escuelas infantiles), de empleo indirecto (aumento de la participación femenina en el mercado laboral) y de la liberalización del dinero que antes las familias destinaban al sistema educativo, ascienden a 3.753 millones de euros.
En el estudio se observan distintos niveles de beneficios netos, condicionados por el resto de políticas públicas, en especial aquellas con impactos directos en el cuidado de menores de 3 años, como el sistema de permisos parentales, las jornadas laborales y la calidad del sistema educativo, así como el resto de políticas estructurales, como las políticas laborales, educativas, sociales o fiscales, «que inciden en escenarios de crecimiento económico más o menos favorables relacionados con la igualdad de género».
El informe concluye que «se pueden encontrar sinergias y complementariedades en las políticas públicas que avancen en el mayor bienestar infantil y conseguir la igualdad de género desde distintas vías». «No se trata de un ‘trade-off’ entre políticas, sino de realizar un diseño que contemple y refuerce las complementariedades y permita conseguir los objetivos definidos», asegura.
