El Ayuntamiento de Madrid solicita que Luis Medina y Alberto Luceño indemnicen con 7,9 millones de euros a las arcas municipales por la presunta estafa del caso ’mascarillas’ después de que el juez Adolfo Carretero haya abierto el plazo de presentación de conclusiones provisionales de cara a la celebración del juicio.
En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la representación jurídica del Consistorio madrileño en el caso instruido por el juez Adolfo Carretero solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 11 años de prisión para su socio.
El Consistorio acusa a Luceño de un delito continuado de estafa agravada; un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular; y un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular. A Medina le imputa los dos últimos ilícitos penales.
Solicita esta parte que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (SFM) por la comisión del delito de estafa agravada con un total de 7,9 millones de euros.
El escrito se presenta en la fase intermedia de las actuaciones de cara a la próxima celebración del juicio oral. Ahora, las partes personadas en el procedimiento deben presentar al juez sus respectivas conclusiones provisionales para que determine la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
En su escrito, el fiscal solicita la misma pena de 9 años de cárcel para Medina pero eleva a 15 años de prisión para el otro investigado al incluir un delito contra la Hacienda Pública agravado, por el que le reclama una multa de 5 millones de euros y que abone a la Agencia Tributaria la cantidad de 1.351.386,29 euros.
’’EL COBRO DE PINGÜES COMISIONES’’ En su relato, el Ayuntamiento de Madrid expone que el aristócrata y el que fuera su socio en aquella época ’’aprovechándose de la situación de crisis sanitaria existente’’, ofrecieron al consistorio su mediación, de forma altruista y gratuita, ’’en la adquisición de material sanitario consistente en mascarillas, guantes y test de detección de la Covid 19 a través de una empresa malaya’’.
Lo hicieron, según esta parte, ’’ocultando de manera intencionada que su actuación incluía en realidad el cobro de pingües comisiones mediante la integración de estas en el precio de los productos vendidos’’.
El plan preconcebido por los acusados ’’consistió en incluir en el precio de los contratos el importe de las comisiones que consideraron pertinentes por su actuación, las cuales eran desconocidas para el Ayuntamiento, y que además resultaban leoninas, encontrándose fuera de cualquier estándar de mercado’’.
’’Las comisiones fueron establecidas previamente por los acusados, los cuales hicieron creer al Ayuntamiento de Madrid que los precios de venta eran los fijados por la mercantil fingiendo, por tanto, que su actuación era altruista y gratuita’’, subraya el escrito.
’’En definitiva, los acusados, sabedores de la necesidad apremiante de suministro de material de protección así como de la imposibilidad de satisfacer comisiones por parte de la Administración, ocultaron deliberadamente al Ayuntamiento dichas comisiones, llevándola a realizar un acto de disposición patrimonial en su perjuicio que no habría hecho de haberlo conocido’’, agrega.
Fuente: (EUROPA PRESS)
