La ministra de Igualdad, Irene Montero, espera que la acreditación administrativa que permite a víctimas de agresión sexual acceder a servicios públicos sin denuncia esté aprobada, junto con las comunidades autónomas, ’’a más tardar en septiembre’’.
Así lo ha explicado durante una interpelación que le ha dirigido en el Senado la representante del PNV María Dolores Etxano, en la que esta le ha pedido información sobre esta medida que se incluye en la Ley del ’solo sí es sí’, pero que se ha de desarrollar con los gobiernos regionales en el contexto de la conferencia sectorial de Igualdad.
Esta acreditación administrativa permite a las víctimas de agresiones sexuales acceder a derechos como la atención especializada, psicológica o asesoramiento jurídico gratuito, entre otros, a través de informes realizados por servicios sociales, especializados o de acogida.
En su intervención, Montero ha destacado el trabajo conjunto entre el Ministerio de Igualdad y las autonomías en la sectorial del ramo para lograr acuerdos en el desarrollo de medidas similares relacionadas con la violencia de género y la trata de personas.
De hecho, ha puesto en valor el trabajo conjunto para aprobar la acreditación de víctimas de trata y explotación sexual en el contexto de la guerra de Ucrania, que se acordó con las comunidades autónomas en mayo de 2022, es decir, tres meses después del inicio del conflicto.
Y, para Montero, este sería el modelo que Igualdad quiere replicar. Según ha indicado, si se produce ’’ese mismo nivel de trabajo y consenso’’ el desarrollo de la acreditación que recoge la Ley del ’solo sí es sí’ podría también aprobarse ’’solo unos meses después’’ de la entrada en vigor de la norma –el 7 de marzo en el caso de este artículo–.
La ministra ha explicado que su departamento trasladará ’’en próximas semanas’’ el borrador que han preparado sobre esta materia a las comunidades autónomas y que su intención es que la medida pueda ser aprobada por las administraciones ’’a más tardar en septiembre’’.
UNA MEDIDA ’’URGENTE’’ Etxano ha celebrado que el Ministerio cuente con un calendario previsto para esta medida ya que, según ha señalado, consideran ’’urgente’’.
’’Entiendo que es urgente desarrollar un procedimiento básico para todas las administraciones que permita garantizar el acceso a todos los servicios y derechos previstos en la ley a todas las víctimas de violencia sexuales, donde se establezca el ámbito de aplicación, las situaciones en las que cabe la solicitud de acreditación, las actuaciones en caso de que la víctima cuente con un título de carácter judicial, el procedimiento para la expedición las circunstancias que deben tenerlos servicios especializados que realizan el informe y los organismos que lo deben acreditar’’, ha explicado.
En su intervención, la senadora ha mostrado su preocupación porque el procedimiento para desarrollar esta acreditación se dilatase de la misma forma que ocurrió con la acreditación de víctimas de violencia de género. Esta solo era posible tras una resolución judicial, según la ley del ramo de 2004, y no se aprobó el actual modelo sin necesidad de denuncia hasta una reforma realizada en 2018. Sin embargo, la ausencia de trabajo para el desarrollo de esta medida por parte de Gobierno y CCAA no permitió que esto se pusiera en marcha hasta 2021.
Fuente: (EUROPA PRESS)
