El Gobierno ya se ha asegurado los votos necesarios para aprobar esta semana los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, pues el acuerdo cerrado con Coalición Canaria le proporciona el voto clave del Grupo Mixto, que se une a los del PSOE, Unidas Podemos y el PNV.
En las comisiones del Congreso, el PSOE y Unidas Podemos suman 17 diputados y están a solo dos votos de la mayoría absoluta, y para los Presupuestos Generales ya tienen asegurado el apoyo del PNV, tras pactar inversiones para Euskadi por valor de 70 millones de euros mediante la incorporación de 48 enmiendas. Entre estas, el grupo vasco ha destacado los 25 millones destinados a un programa de impulso del desarrollo del Guggenheim o los 10 millones para mejorar la depuradora guipuzcoana EDAR Loiola.
Y el decimonoveno voto se lo dará Coalición Canaria, que este lunes ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de 21 enmiendas que se incorporarán a los presupuestos, que «no solo ayudarán a las familias y al tejido empresarial canario, sino que son justos con las islas», según ha explicado el senador Fernando Clavijo, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Con estos apoyos para la tramitación de las cuentas, la Comisión de Presupuestos empezará a debatir este martes las más de 4.400 enmiendas al articulado que la oposición mantiene vivas sobre el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Eso sí, esta cifra está pendiente de si el gobierno presenta más vetos.
PRIMERA CRIBA: LOS LETRADOS VETAN MEDIO CENTENAR DE ENMIENDAS En su reunión del pasado martes, la Mesa de la Comisión ya acordó excluir de la tramitación un bloque de 50 enmiendas que los letrados de la Cámara señalaban por no guardar relación con las cuentas públicas ni la política económica del Gobierno, así como otras que afectan a cuestiones que deben ser reguladas en una ley orgánica.
Entre estas se incluyen tres de las cuatro enmiendas parciales que Unidas Podemos, ERC y Bildu presentaron con el objetivo de regular el precio de los alquileres y prohibir los desahucios.
Por su parte, el Gobierno ya remitió hace unos días un primer listado para vetar 984 enmiendas por suponer un aumento de gasto o minoración de ingresos en las nuevas cuentas públicas. En virtud de las competencias que le otorga la Constitución, el Ejecutivo tiene capacidad de impedir la tramitación parlamentaria de toda iniciativa que altere la política presupuestaria, ya sea por suponer más gasto o por menos ingresos.
En esta primera criba los grupos más afectados por los vetos son el PP, con 253 enmiendas vetadas, PDeCAT (138), Ciudadanos (122), Esquerra Republicana (112) y Más País (85). Sobre si acepta este veto o no del Gobierno deberá pronunciarse la Mesa de la Comisión de Presupuestos, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, que se reúne minutos antes de iniciar el debate presupuestario.
De Unidas Podemos se vetaron tres firmadas solo por el grupo confederal y otra que compartía con ERC y Bildu y que era la única enmienda que quedaba viva del paquete en materia de vivienda registrado por estas tres formaciones. En este caso, planteaba incentivos fiscales para los arrendatarios que actúen con «responsabilidad social».
