Representantes de organizaciones ecologistas se han concentrado este martes 24 de enero frente al Congreso de los Diputados contra la exención de evaluación de impacto ambiental a macroproyectos renovables, coincidiendo con la celebración en la Cámara Baja del debate del Real Decreto que recoge esta medida.
Estas organizaciones, unidas en la plataforma ‘MACROrenovablesNO’ y que engloba cuatrocientas entidades y organizaciones en todo el Estado, denuncian que la vigencia de esta norma conduce a la «desprotección ambiental, la inseguridad jurídica y el agravio comparativo».
En concreto, se muestran disconformes con los artículo 22 y 23 que eliminan la necesidad de evaluación ambiental para proyectos de 50 megawatios (MW), establece un nuevo procedimiento de «afección ambiental» mediante un documento elaborado por el mismo promotor del proyecto y reduce los plazos de análisis del proyecto por parte del órgano ambiental a 10 días.
«Este Real Decreto lo que hace es agilizar los trámites para que los ciudadanos no podamos oponernos a macroproyectos que arrasan nuestros territorios» han declarado desde la plataforma.
Asimismo, respecto al incentivo de microplantas de renovables, abogan por su construcción, en el caso de ser necesaria, en sitios ya degradadados como polígonos industriales o minas en desuso.
Antes de la sesión extraordinaria del Congreso para la convalidación de este Real Decreto, algunos diputados se han acercado hasta el lugar de la concentración para mostrar su apoyo, entre ellos, el coordinador federal del Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde; el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte; el del Bloque Nacionalista Gallego, Nestor Rego; el de EHBildu, Oskar Matute; y otros miembros de Unidas Podemos, como Antón Gómez Reino, Marisa Saavedra, Txema Guijarro, Enrique Santiago y José Luis Bueno Pinto.
En este sentido, López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y miembros de Unidad Podemos, socio del Gobierno de coalición, ha defendido la necesidad de intentar enmendar el Real Decreto, aprobado por el Ejecutivo del que su formación forma parte, y ha afirmado que la evaluación ambiental constituye una «herramienta necesaria».
«Este Real Decreto contiene aspectos muy negativos -como estos- y otras medidas positivas en lo social y económico. El hecho de que aparezcan estos artículos que nosotros rechazamos, nos obliga a no poder votar a favor, reclamar que se tramite como proyecto de Ley y promover enmiendas para modificarlos», ha añadido Rego. Por su parte, Guitarte ha advertido de que esta medida supone «el mayor atropello que se ha producido en el siglo XXI contra la provincia de Teruel».
Fuente: (EUROPA PRESS)
