El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha apuntado a posibles responsabilidades penales de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial CGPJ si siguen en sus cargos sin nombrar a los dos magistrados al Tribunal Constitucional (TC) que debe designar el CGPJ.
En declaraciones a los medios, el dirigente de En Comú Podem se ha referido a la reunión de los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces, que consideraban «imprescindible» retomar las negociaciones para con el ala progresista los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC).
A juicio de Asens, los citados vocales tienen una «disyuntiva» que consiste en «cumplir la ley» o «dimitir» como miembros del CGPJ, como hizo el expresidente de la institución Carlos Lesmes y les piden asociaciones de juristas y fiscales.
«No hay alternativa: si deciden seguir incumpliendo la ley poniendo excusas como han hecho hasta ahora, habrá que estudiar posibles responsabilidades penales por su actuación», ha zanjado el dirigente de En Comú Podem.
Según fuentes conocedoras de dicho cónclave que tuvo lugar este miércoles, los nueve vocales que han participado en el mismo han acordado que en los próximos días reanudarán los contactos para determinar cuáles son los aspirantes adecuados y quiénes están dispuestos a ir a la corte de garantías para decantar así una lista corta de posibles candidatos del sector conservador.
LOS PROGRESISTAS YA TIENEN UN CANDIDATO Este miércoles ha transcendido que los vocales del sector progresista han señalado al magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés como su candidato para el TC y han solicitado una reunión con sus interlocutores conservadores que se producirá este jueves a las 16.00 horas, lo que supone retomar formalmente las negociaciones para nombrar a los dos aspirantes para el TC desde la dimisión de Carlos Lesmes.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada recientemente estipulaba que en septiembre el órgano de gobierno de los jueces debía designar a dos miembros de la corte de garantías, mientras que al Ejecutivo le correspondía proponer a otros dos juristas.
