La abogada del Estado, Zaida Fernández, y el secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Ismael Kasrou, que desempeñaban esas funciones en agosto de 2021 cuando 55 menores migrantes marroquíes no acompañados fueron devueltos a su país al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería, han negado este miércoles en sede judicial haber ofrecido asesoramiento legal alguno al respecto a la ya exdelegada del Ejecutivo central en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos.
Zaida Fernández, actualmente en otro destino, e Ismael Kasrou, que continúa en el mismo puesto, han declarado como testigos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta que instruye las diligencias abiertas a instancias de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación continuada contra Mateos, destituida el lunes, y la vicepresidenta del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu (PP).
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, «ni la abogada del Estado ni el secretario de la Delegación han admitido ningún asesoramiento previo» a la ejecución de las expulsiones que la delegada ejecutó con la colaboración del Gobierno de la Ciudad, competente en materia de menores desde 1999.
La Red Española de Inmigración, personada como acusación popular, la abogada del Estado ha intentado sin éxito «evitar» su declaración y ha indicado que «jamás fue consultada por la delegada del Gobierno ahora investigada».
En un comunicado ha explicado que Kasrou «ha ratificado en sala la condición de orden e instrucción», a su juicio, de «todas las comunicaciones entre la Delegación y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. También «ha confirmado que durante un año no se hizo seguimiento del estado de los menores deportados».
Además, la defensa de la exdelegada del Gobierno ha presentado un escrito médico «donde se afirma falta de capacidad volitiva de la investigada a raíz de su tratamiento médico» oncológico con el fin de restar trascendencia a su testifical de primeros de octubre, cuando aseveró que Interior no decidió el procedimiento concreto que se aplicó para la repatriación de los niños sin aplicar la legislación española vigente.
La Red considera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, fueron «partícipes y cooperadores necesarios en este proceso, así como los autores intelectuales de todo el procedimiento», por lo que se ve conveniente que sean llamados a declarar al menos como testigos, algo que ya han solicitado los abogados de Deu.
