La Seguridad Social cerrará 2022 con un déficit de 4.900 millones de euros, el equivalente al 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB), una décima por debajo de lo previsto por el Gobierno, según un análisis de Miguel Ángel García, miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Funcas) y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos.
Esta previsión de García coincide con la esbozada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que en varias ocasiones ha previsto que el déficit del sistema para este año sea inferior al 0,5% del PIB presupuestado inicialmente debido a la buena evolución de los ingresos por cotizaciones sociales, superiores a lo estimado inicialmente.
En cambio, las proyecciones de García para el déficit de 2023 publicadas por Fedea difieren de las previstas por el Ejecutivo en el Presupuesto de la Seguridad Social del próximo año al compararlas con el saldo estimado para 2022.
Así, tras analizar las cuentas del sistema para 2023, este experto sitúa el déficit de la Seguridad Social para el próximo ejercicio en el 0,7% del PIB, dos décimas por encima de lo proyectado por el Gobierno.
Este porcentaje se elevaría hasta el 0,9% del PIB, explica García, si se deducen los ingresos extraordinarios que se esperan obtener a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), «que en puridad deben inyectarse en el Fondo de Reserva para ser utilizados en el pago de pensiones a partir de 2032», apunta.
«De ser así, se alejaría del objetivo del Gobierno de alcanzar el equilibrio presupuestario en la Seguridad Social al final de la legislatura a pesar de haber inyectado transferencias adicionales desde el Estado por valor de 1,4 puntos del PIB (19.888 millones de euros)», subraya este experto.
Es más, García subraya que sin tener en cuenta esta «cuestionable» transferencia, el déficit de la Seguridad Social aumentaría hasta el 2,4% del PIB en 2023, «explicando el 72% del déficit de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y algo más del 60% de la previsión oficial de déficit de todas las administraciones públicas en el próximo año».
«Conocido el contenido del presupuesto, podría considerarse incoherente que en un sistema con saldo negativo a pesar de haber inyectado una gran cantidad extra de dinero y en el que se espera en breve la llegada de la generación del ‘baby boom’ a la edad de jubilación, se proceda a elevar todas las pensiones en un porcentaje muy elevado, que aumentará exponencialmente durante muchos años», argumenta.
En opinión de García, la llegada de un choque externo «inesperado y abrupto» que ha disparado la inflación, «ha demostrado el riesgo de mantener en cualquier circunstancia la actualización de las pensiones con el IPC, facilitando que los pensionistas sean de los pocos colectivos que consiguen proteger su renta ante un fenómeno que esperemos sea excepcional, deteriorando la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y la equidad personal y entre generaciones, consecuencia de una desequilibrada distribución de los esfuerzos entre la población española».
Para García, resulta «preocupante» que las cuentas de la Seguridad Social recojan el creciente recurso a las transferencias del Estado «para financiar unos supuestos gastos impropios de la Seguridad Social que, al menos en parte, no son tales y por tanto no deberían correr a cargo del Estado».
Estas transferencias, que ascendien ya al 1,4% del PIB, tienen, a su juicio, el efecto de trasladar una porción del déficit real de la Seguridad Social contributiva a las cuentas del Estado, «ofreciendo así una imagen no ajustada a la realidad de la salud financiera del sistema contributivo de pensiones».
