Los presidentes de Baleares y Comunitat Valenciana, Francina Armengol y Ximo Puig, han insistido en que la reforma del delito de malversación «en ningún caso» puede suponer un beneficio para los corruptos y han apelado a la serenidad sobre el acuerdo entre el Gobierno y ERC.
Eso sí, ambos no se han pronunciado sobre las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García Page, quien se mostró «dolido» y anunció una iniciativa legislativa que «impida consultas que no afecten al conjunto de los españoles».
En rueda de prensa tras la cumbre valenciano-balear, Armengol ha coincidido con Puig en que la reforma «no puede suponer un beneficio para ningún corrupto». Ha reconocido que los problemas políticos suponen «acuerdos, pactos y, a veces, modificaciones de normas» y ha recordado que el referéndum independentista se produjo con el Gobierno de Rajoy y el actual Código Penal.
Dicho esto, ha señalado que Cataluña está «mucho mejor» que en 2017 y ha llamado al entendimiento y a acercar posiciones para «una España más fuerte, plural y federal», además de asegurar que comprende «el sentimiento de una mayoría amplia» entre los catalanes.
«Estamos en un momento en el que hay que serenarse y pensar en la convivencia y en superar fracturas», ha aseverado Puig, para rechazar la «vía muerta de confrontación absoluta» del PP y defender el «diálogo» que busca el Gobierno de Pedro Sánchez.
Ha sostenido así que los problemas políticos se deben solucionar desde la política, «desde la voluntad de querer vivir juntos y de conocerse y estimarse cada uno», y que «dentro del estado de derecho se puede y se debe avanzar». Ahora bien, ha hecho hincapié en que «la única frontera» es que la reforma no beneficie a los corruptos.
