La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) paralice la reforma judicial del Gobierno y ha lamentado que «asistimos a una crisis de la justicia sin precedentes que pone en riesgo a las instituciones democráticas».
Bravo se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por su opinión sobre la posibilidad de que el TC pueda parar la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al propio tribunal de los candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de superar el bloqueo actual.
«Corresponde al TC decidir sobre esta cuestión pero hay una gran preocupación por la situación que vivimos», ha dicho, para añadir que «en 45 años de democracia no se había vivido en el país una crisis institucional que afectara a la justicia a este nivel».
Este hecho, ha aseverado, «obliga a los responsables públicos y a las fuerzas parlamentarias a reflexionar porque estamos ante una situación que supone un gran retroceso en lo que a instituciones democráticas supone», ha dicho.
A su juicio, «la democracia acaba muriendo cuando debilitamos a las instituciones y todo lo que vivimos estos días no es más que un atentado directo contra las instituciones democráticas que lo inició el PP cuando decidió bloquear la renovación del Consejo de forma unilateral hace cuatro años sin ningún tipo de justificación».
Así, ha insistido: «Ahora mismo asistimos a una crisis de la justicia sin precedentes que puede poner en grave riesgo nuestras instituciones democráticas y el estado de derecho».
DELITO DE MALVERSACIÓN Por otro lado, Bravo, interpelada por su opinión sobre la rebaja de penas del delito de malversación que podría aprobarse en una reforma exprés, ha afirmado que le hubiera gustado que la técnica legislativa «hubiera sido otra» y que las reformas penales «se llevaran a cabo en otro contexto, en el marco de un debate de una reflexión sobre qué política criminal queremos».
«La reflexión –ha añadido– sobre cuáles son las líneas de la política criminal se tienen que adoptar alejados del ruido y en el marco de una reflexión sosegada y apoyada en criterios técnicos jurídicos».
A su entender, «cualquier reforma del Código Penal se tendría que llevar a cabo en un contexto diferente, no como respuesta a lo que estamos viviendo en estos días y en el marco de lo que sucedió como consecuencia del juicio del ‘Procés'».
«El marco –ha apostillado- debe ser otro. La política criminal de un país se tiene que determinar fuera de las negociaciones con otros partidos y, por supuesto, no me parece ni la técnica más adecuada ni el contexto más adecuado».
