El sindicato de la Policía Nacional JUPOL ha mostrado este jueves su apoyo a los tres agentes procesados por un homicidio ocurrido en una vivienda de Vallecas (Madrid) al abatir con el arma reglamentaria a un joven que previamente, según el relato policial, les había atacado con un cuchillo.
El sindicato mayoritario en la Policía ha lamentado el «desamparo legal» del Gobierno y ha anunciado movilizaciones en defensa de los derechos de los policías nacionales que serán juzgados a partir de este viernes, 16 de diciembre. Según la organización, se limitaron a «cumplir con su trabajo y se defendieron de un ataque violento».
«Cuando en el uso legítimo de la fuerza como policías nacionales debemos hacer uso del arma reglamentaria, es habitual que los agentes acaben con imputaciones judiciales», ha señalado JUPOL, que denuncia la «desactualización» del plan nacional de tiro, así como la falta de un protocolo específico y la falta de distribución por parte de la Dirección General de la Policía de las pistolas eléctricas Táser.
La intervención policial ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando en el transcurso de una intervención policial los agentes «repelieron una agresión violenta con cuchillo con sus armas reglamentarias en una actuación ajustada a derecho y en la que se cumplió perfectamente con la normativa fijada».
El juez de instrucción, no obstante, ha imputado un delito de homicidio a los tres policías, a los que este viernes se les notificará la apertura de juicio oral. Por este motivo, JUPOL se concentrará mañana a las 12.00 horas para reclamar el sobreseimiento del caso y la absolución de los compañeros.
«Como policías y como personas por supuesto que lamentamos cualquier fallecimiento que se llegue a producir en el transcurso de cualquier intervención policial, aunque no podemos permitir que, por lo general, cada vez que se actúa en una situación de violencia y hay un fallecido se nos acuse de homicidio», ha apuntado el secretario general de la organización sindical, Aarón Rivero.
El responsable de JUPOL ha denunciado que tanto la Dirección General de la Policía como el Ministerio del Interior «han abandonado a su suerte a estos tres policías, a los que no se les ha proporcionado desde la superioridad ningún tipo de apoyo ni asesoramiento ni en el ámbito judicial, ni en el ámbito psicológico».
